EscucharLa Municipalidad de San José confirmó que abrió un procedimiento administrativo para detectar irregularidades en la cadena de tiendas SYR, donde como se evidenció en videos de cámaras de seguridad y fue reconocido por sus propios propietarios, se agredió y humilló a empleadas hincándolas en el suelo y golpeándolas con tubos por todo su cuerpo, por una falsa acusación de robo de una caja registradora.
El jefe de Patentes del ayuntamiento, Carlos Montero, dijo a La Nación que la noche de este miércoles se realizó una reunión con funcionarios municipales en la que se ordenó a las áreas técnicas y a la dirección legal recopilar elementos que permitan abrir una investigación sobre la forma en que operan estos comercios.
Aseguró que si se detectan irregularidades de índole migratorio, tributario, laboral o sanitario, en coordinación con las instituciones públicas encargadas de cada materia, se establecerá un órgano director que podrá instruir la revocatoria de la patente del local o locales en los que se identifiquen las inconsistencias.
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“Hay una instrucción del señor alcalde para iniciar estos procesos administrativos que, si se determina que hubo o hay ilegalidades de cualquier índole, poder quitar o suspender las patentes, lo que implicaría el cierre de estos negocios”, precisó Montero, al detallar que solo en el cantón central de San José hay 12 tiendas SYR.
Destacó que si se identifican faltas en la información que solicite el municipio a los ministerios de Trabajo, Hacienda, Salud y Migración, se podría proceder con la clausura de algunos de los locales, pero quizá no de todos, ya que no pertenecen a un único propietario, sino que están divididos en nueve sociedades limitadas.
Asimismo, reconoció que el cierre de los negocios no asegura que las personas detrás de las firmas puedan establecer otras tiendas en la capital con otros logos u otros nombres, pero con la misma dinámica operativa, ya que las acciones se podrían limitar a la suspensión de las patentes y no a una sanción a los propietarios.
“Como son varias sociedades, alguien puede tener representación en una sociedad y también en otras, entonces jurídicamente desconozco si realmente la sanción viene por los representantes de las sociedades o de la sociedad como tal, yo me imagino que todos estos elementos se verán en el órgano director”, puntualizó.
Intervención por agresiones
La vicealcaldesa de San José, Paula Vargas, respondió a este diario que aunque el ayuntamiento tiene conocimiento de los videos que trascendieron sobre las agresiones a las empleadas de las tiendas SYR, en este momento no puede realizar intervenciones en los locales ni tampoco retirar los permisos de oficio.
Contestó que el departamento legal de la Municipalidad indicó que por tratarse de materia de derecho laboral y penal, las únicas entidades que pueden intervenir al día de hoy son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De estas, la primera ya ha comunicado acciones.
“Dentro de los comercios no se puede ingresar porque para poder ingresar a verificar que todo esté en orden normalmente lo que se tiene que hacer es un tema de operativo donde hay una orden un juez, pero inmediatamente que una persona en ese comercio se vea amenazada y haga un llamado a la Policía Municipal, de inmediato se acudiría por supuesto para el resguardo y el cuido de esta persona, sin lugar a dudas”, dijo.
Sobre esto, el regidor josefino Diego Miranda se mostró en desacuerdo con la alcadesa, porque afirmó que la Constitución Política establece que es deber de los gobiernos locales procurar el bienestar de sus habitantes y los principios rectores a nivel internacional marcan el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, y el municipio no puede saltarse esa normativa, que incluso está en tratados internacionales ratificados por el país.
Agregó que un criterio fundamental para otorgar y mantener una patente comercial es respetar el bloque de legalidad y cumplir con las normativas, incluyendo las que garantizan los derechos humanos de los empleados, por lo que es competencia del gobierno local asegurar y revisar que los establecimientos patentados funcionen respetando las leyes nacionales, incluso con intervenciones policiales en conjunto con más instancias públicas.
“El derecho constitucional está por encima de cualquier ley o reglamento. El gobierno local es una instancia autónoma y tiene capacidad de corroborar que un establecimiento esté al día con todo, ahí no se está violando ningún derecho. Pero frente a la flagrancia de la violación de derecho y posibles operaciones irregulares, la alcaldía se hace de la vista gorda.
“Yo lo que creo es que es una interpretación acomodada de la alcaldía. ¿Cómo sí utilizan la fuerza policial de la Municipalidad para otro tipo de operaciones más controversiales y para hacer una simple inspección, coordinación institucional y verificación de que todo esté en orden no tenemos competencias? Parece que nunca se han leído la Constitución”, declaró Miranda a La Nación.
