EscucharUn oficial de la Fuerza Pública, de apellidos Montoya Campos, era el encargado de alertar sobre operativos policiales a una red que se dedicaba a la explotación de mujeres en un bar en Santa Clara de Upala, Alajuela.
El hecho lo confirmó este sábado Esteban Obando Ramos, subdirector de la Policía de Migración, quien agregó que el oficial estaba asignado en la delegación policial del distrito de Delicias (Upala), que atiende la localidad de Santa Clara.
"Ademas de conocer sobre los movimientos de la Fuerza Pública, también sabía cuando Migración y Extranjería planeaba alguna incursión en la zona, puesto que nosotros siempre vamos acompañados de la Fuerza Pública", dijo Obando.
Golpe a banda
La desarticulación de la red criminal se dio este viernes en horas de la tarde, durante un operativo realizado por Migración y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes en el bar El Pino.
En el sitio detuvieron a dos mujeres de apellidos Martínez Laínez y Murillo Martínez (madre e hija respectivamente) como las líderes. Asimismo, se arrestó a dos cómplices apellidados Pérez y Barrios.
El oficial Montoya Campos fue capturado en la delegación policial, minutos antes de que los agentes aprehendieran al resto de la banda.
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Las mujeres, que tienen la condición de residentes en Costa Rica, eran las administradoras del bar y se encargaban de hacer los cobros.
Asimismo, según la información que suministraron la Fiscalía y Migración, eran las responsables de ir a Managua y San Carlos de Nicaragua a reclutar mujeres jóvenes. A ellas les ofrecían laborar como saloneras en un bar.
Esteban Obando dijo que una vez en el país, a la víctimas les quitaban el pasaporte, las hacían dormir en unos cuartos insalubres ubicados en la parte trasera de la cantina y, además, las obligaban a tener relaciones sexuales con clientes.
A los clientes les cobraban ¢13.000 si sostenían relaciones en unos cuartos del bar y ¢20.000 si las mujeres abandonaban el sitio. En caso de que salieran, uno de los cómplices se encargaba de vigilar a las afectadas para evitar que escaparan y si pretendían darse a la fuga, las amenazan con armas de fuego.
Hasta el momento, se desconoce desde hace cuanto tiempo estaba funcionando esta red de trata y tráfico de mujeres. La pesquisa de las autoridades comenzó hace seis meses.
Los cinco detenidos fueron indagados durante la mañana de este sábado en la Fiscalía de Upala y estaba previsto que esta misma noche se realice una audiencia en el Juzgado Penal de Upala.
Debido a la cercanía de la frontera con Nicaragua y como la mayoría de implicados tiene familia en ese país, el Ministerio Público iba a pedir prisión preventiva ante el peligro de fuga.
Según el Código Penal, la trata de personas con fines sexuales se castiga con penas de seis a 10 años de cárcel.
En la acción policial también se encontró a una menor de edad dentro del bar.
En caso de que se compruebe durante un juicio que la menor fue sometida a vejámenes, los sospechosos podrían enfrentar penas que van entre los 8 y 16 años de prisión.
En el operativo se contó con la ayuda de funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quienes resguardaron a la menor y brindaron ayuda psicológica al resto de mujeres liberadas.
Además: Banda mantenía a 16 mujeres como esclavas sexuales
En setiembre del año pasado, las autoridades desarticularon un grupo similar que operaba en los bares Los Acostados y Tenampa (ambos en La Fortuna) y Los Horcones (en Chachagua de San Ramón). En esos negocios un total de 16 mujeres extranjeras eran mantenidas como esclavas sexuales.
Esteban Obando dijo este sábado que en ambos casos la forma de operar era similar, pero descartó que exista alguna relación entre los grupos.
Agregó que tienen informes sobre otros sitios en los cuales también se explota a mujeres, pero dijo que son casos que todavía están en investigación.
