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24.902 casos fueron atendidos en el 2018 por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Se trata de personas que ocudieron a esa dependencia del Ministerio Público para pedir cuido para ellas mismas o sus allegados.
16.845, o dos terceras partes del total, recibieron atención, que consistió en terapias y asesorías para poder enfrentar la situación que los hacía sentirse en riesgo.
El resto, 8.057 casos, necesitaron protección policial, según los datos divulgados este viernes.
En el caso de la atención, los delitos de mayor ingreso fueron el maltrato, con 2.770, y el incumplimiento de medidas de protección, con 1.299. Por otra parte, en el programa de protección ingresaron 1.265 casos por amenazas y 1.176 por maltrato.
El año anterior tuvo 1.654 procesos menos que en el 2017, y cortó con seis años de constante crecimiento.
Sara Arce, fiscala adjunta de la Oficina de Protección, atribuyó la disminución a la huelga de empleados públicos contra la reforma fiscal.
“Para todos es conocido que tuvimos, más o menos de setiembre a noviembre, una baja en el Poder Judicial de ingreso de casos por una situación de huelga que atravesó el país, que nos impactó a nosotros, los impactó a ustedes y a la mayoría de instituciones públicas”, manifestó Arce este viernes.
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Proceso de solicitud
Cuando llega una solicitud, un equipo estudia la situación para decidir a cuál programa remitirla.
Si no existe un peligro, la persona se traslada al programa de atención, donde se le dan terapias psicológicas y asesoría legal para superar el problema.
De haber un riesgo latente, se le recomienda al usuario alguna medida de protección extraprocesal, que puede ir desde un monitoreo telefónico, hasta la reubicación domiciliar temporal.
Ese fue el caso, por ejemplo, de la familia de Víctor Julio González Sánchez, asesinado en febrero días después de ser secuestrado.
Al ingresar al programa, los familiares tuvieron que abandonar San José de la Montaña, en Barva de Heredia, y trasladarse a otra zona del país.
Pedro Arce, de la Unidad de Protección a Víctimas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (ente que se encarga de la parte operativa), destacó que a la fecha ninguna persona protegida ha fallecido.
Cualquier persona que se sienta víctima de un delito puede acudir a esta oficina, así como alguien que forme parte de un proceso penal, como testigos o jueces.
El ciudadano puede pedir el servicio sin importar si es menor de edad o si no ha interpuesto una denuncia penal.
“Hemos recibido algunas peticiones en contravenciones. Ya quisiéramos nosotros poder abarcar también las contravenciones, pero la ley nos pone un límite y hay un ámbito de aplicación que es para los hechos delictivos”, apuntó Arce.
La fiscala explicó que las solicitudes se pueden realizar de forma confidencial voluntaria en cualquiera de las 21 sedes de la oficina, que cuentan con atención las 24 horas.
