EscucharLa vuelta a clases presenciales, después de prácticamente dos años de confinamiento debido a la covid-19, influyó en el aumento de casos de violencia en los centros educativos del país, estimó la subjefa de la Sección de Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Sonia Monge.
“Volver así, creo yo que tan repentinamente, que un pronto a otro digan ‘a partir de aquí ingresamos nuevamente a clases presenciales’, ha traído algún tema de inseguridad, de temor”, explicó Monge.
Según las estimaciones de la investigadora, y sin ahondar en números exactos, la cantidad de denuncias por incidentes en escuelas y colegios creció en un 50% en este año con respecto a años anteriores. “Hemos tenido un aumento bastante grande tanto entre varones como entre mujeres, y mixto también”, añadió Monge al análizar los datos del primer año de presencialidad total desde el 2019.
Monge indicó que se han incrementado contravenciones como agresiones y amenazas, pero también acciones consideradas como delito, tales como hurtos, lesiones graves, amenazas graves y tentativa de homicidio. También ha aumentado el consumo de drogas, el ciberbullying y la distribución de pornografía infantil.
“Tenemos centros educativos donde nos están denunciando páginas en Instagram donde se ofenden, donde incluso publican imágenes que entre jóvenes se está volviendo muy común, se pasan pornografía infantil, me estoy refiriendo a que entre ellos se están pasando imágenes donde ellos se desnudan y se lo pasan a un compañero o compañera y después ahí empiezan a distribuirlo”, señaló Monge.
La funcionaria judicial aseveró que, a pesar de reclamos de los padres, los menores de edad entre los 12 y los 17 años sí pueden enfrentar procesos penales, dentro de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Si el infractor es un menor de 12 años, el caso es trasladado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Casos recientes
Solo en la primera mitad del año, hubo varios incidentes en centros educativos que culminaron con riñas entre varias personas y jóvenes hospitalizados.
El pasado 14 de junio, un niño con autismo fue atacado por un compañero en la Escuela Tranquilino Sáenz Rojas, de Santa Bárbara de Heredia. La madre del menor reportó que el otro niño intentó asfixiar a su hijo y le pegó la cabeza contra el suelo, acción que fue catalogada como un intento de homicidio por el médico que lo atendió en la Clínica de Santa Bárbara.
Asimismo, el 23 de marzo, circuló un video en donde se ve a un estudiante del Liceo de Escazú, en San José, enfrentándose a golpes con un oficial de la Fuerza Pública. Los policías se presentaron para evitar un enfrentamiento con personas externas al colegio; sin embargo, la situación fue escalonando al punto que un estudiante le escupió a un agente.
Algunos días antes, el 17 de marzo, en el Instituto de Alajuela, un pleito entre estudiantes dejó un saldo de 23 alumnos trasladados al Hospital San Rafael, en esa misma ciudad. Según personeros de la Cruz Roja que atendieron el hecho, casi la totalidad de los adolescentes atendidos eran mujeres.
