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Las operadoras telefónicas tendrán hasta abril del 2020 para bloquear la señal de celulares en las 20 cárceles del país.
El plazo lo define el proyecto de ley para evitar estafas telefónicas desde los centros penales, aprobado en agosto del 2018.
Solo en el 2018, la Policía Penitenciaria reportó 2.946 celulares decomisados en las prisiones. En la primera mitad del 2019, esta cifra llega 1.191. Además, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estimó que las víctimas de estafas telefónicas perdieron ¢2.741 millones entre julio del 2017 y este mismo mes del 2018.
La nueva legislación señala que, una vez publicado su reglamento, las empresas tienen nueve meses para aplicar los bloqueos.
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Este reglamento quedará listo a inicios de julio, aseguró la ministra de Justicia y Paz, Marcia González.
En su creación participaron los ministerios de Justicia, Seguridad y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), junto a representantes de las operadoras y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Este viernes, personal técnico del Micitt y el Ministerio de Justicia realizaron la primera inspección en la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, donde los autoridades reconocen que se efectúan muchas de las estafas que se intentan prevenir.
“Se van a evaluar los diferentes espacios dentro de los centros penitenciarios, para que le pasemos esta información a las operadoras y ellos puedan conseguir las mejores soluciones, que nosotros vamos a fiscalizar”, explicó González.
El viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, comentó que se estudiarán elementos “como la zona donde está ubicado el centro penitenciario, incluso la forma del mismo. Es importante tomar en cuenta diferente infraestructura, como la parte eléctrica, la parte de torres, antenas, paredes”.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) y algunos diputados criticaron el proyecto tras su aprobación, por la posibilidad de que el bloqueo de la señal afecte a los vecinos de los centros penales.
Asimismo, empleados de las cárceles señalaron que el sistema los dejaría incomunicados.
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Al respecto, el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, declaró que “ese tema pasa por la diversidad de soluciones que el mercado pueda ofrecer. La finalidad es que se hagan propuestas que no generen mayor afectación a las personas que no tienen por qué sufrir”.
La ministra de Justicia agregó que durante la elaboración del reglamento las operadoras se mostraron “totalmente anuentes” a trabajar en la aplicación de la ley.
“Si bien es cierto el bloqueo de señal no va a venir a solucionar toda la problemática que se tiene en esa materia, sí es un paso muy importante”, dijo González.
