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El combate del tráfico ilícito y la trata de personas son parte de los principales compromisos adquiridos por Costa Rica, Panamá y Colombia ante el incremento del flujo migratorio en la región.
Durante este viernes, Raquel Vargas, directora general de Migración costarricense, sostuvo una reunión con sus colegas, el colombiano Juan Francisco Espinosa y la panameña Samira Gozaine.
En el encuentro acordaron trabajar en conjunto y pedir cooperación internacional para que el abordaje de esta situación social sea una responsabilidad compartida.
Vargas afirmó que articular esfuerzos es indispensable, por lo que espera que los resultados del trabajo sean visibles a largo plazo.
Por su parte, Espinosa destacó que el foco de atención de la migración de personas provenientes de África, Asia, Haití, Cuba y Venezuela deben ser los derechos humanos.
“Las migraciones requieren orden, coordinación, respeto a los derechos humanos y protección de las redes de coyotes y de quienes abusan de estas personas que solo buscan sus sueños”, aseguró el jerarca de Migración de Colombia.
Con ellos coincidió Gozaine, quien destacó que lo ideal es que próximamente todos los países de la región se involucren en la atención de los migrantes que buscan llegar hasta Estados Unidos.
Añadió que, en este caso, considera oportuno que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) les brinde apoyo y se integre a la mesa de trabajo, ya que Panamá, Costa Rica y Colombia no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente al aumento en la llegada de estas personas desde otros países.
La directora de Migración de Panamá destacó que a su país este 2021 han ingresado al menos 55.000 migrantes, lo cual equivale al 33% de la población que ingresó del 2013 al 2020.
“Este año hemos invertido (las autoridades panameñas) $20 millones (¢12.463 millones) en la atención de esta crisis (...). Debe entenderse que Panamá, Costa Rica y Colombia son países de tránsito, por lo que para poder salir de esta crisis se requiere de la corresponsabilidad de la región para combatir el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, aseguró Gozaine.
Los funcionarios manifestaron que uno de los principales retos que han tenido es la implementación de un abordaje adecuado tomando en cuenta las medidas sanitarias y los protocolos de bioseguridad necesarios ante la pandemia por covid–19.
Para la próxima semana se espera una reunión de todos los directores de Migración de la región, que juntos conforman la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM). La idea es definir acciones a seguir para resguardar los derechos humanos de los migrantes y, a la vez, velar por la soberanía de cada país.
