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Pese a los letreros de advertencia que se encuentran instalados en los accesos del Parque Nacional Juan Castro Blanco en Venecia de San Carlos, particulares ingresan ilegalmente a sectores restringidos de la zona protegida, llevando consigo a decenas de clientes. Estas personas arriesgan su vida al entrar sin autorización al mismo lugar donde, en noviembre de 2019, tres mujeres fallecieron arrastradas por el río Toro.
Cámaras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han capturado la entrada de decenas de grupos de personas, que ignoran las advertencias y se internan en el bosque con la guía de un particular, que cobra hasta ¢27.000 por cliente. En el lugar se encuentra la planta hidroeléctrica Toro II, cuyo desagüe programado pudo haber causado la muerte de tres de los 20 excursionistas que ingresaron aquel 3 de noviembre al paradisíaco río.
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La bitácora de operación de la Planta Hidroeléctrica Toro II del ICE registra, hasta el 26 de setiembre del 2021, un total de 53 reportes al 9-1-1 de ingresos no autorizados de terceros a las instalaciones del Instituto y a las propiedades del Parque Nacional Juan Castro Blanco, que también se conoce como Parque del Agua por su riqueza hídrica. En conjunto, se contabiliza el tránsito de 522 personas que han puesto en riesgo su integridad hasta esa fecha.
“La entrada de particulares a estas zonas está absolutamente vedada. Los puntos atravesados por estos ríos y sus afluentes son los de mayor inseguridad, y al mismo tiempo, los que registran la mayor cantidad de ingresos, incluso de grupos organizados que se adentran a pesar de las advertencias. Dada su naturaleza, son lugares de alto peligro por condiciones climatológicas, geográficas y geológicas”, informó el departamento de prensa del ICE.
Algunos de los terrenos utilizados por los excursionistas para ingresar al río pertenecen al complejo hidroeléctrico propiedad del ICE. “Tanto Cruz Roja como Bomberos han tenido que rescatar personas atrapadas por las crecidas naturales de dichos ríos, a lo que, de manera lamentable, también se suman fallecimientos”, añadió esa dependencia.
Autoridades del ICE, por su parte, aseguraron que “las actividades de operación y mantenimiento de la Planta Hidroeléctrica Toro 2 no tienen relación con el lamentable fallecimiento de tres personas en el río Toro”, además añadieron que “en esta zona se presentan aumentos de caudal del río Toro asociados a las características climatológicas, geográficas y geológicas propias de la región, por lo que el sector es de alta peligrosidad para la seguridad de las personas”.
Guardaparques explicó la gravedad del problema
De acuerdo con Víctor Solís, guardaparques de dicho parque nacional, los ríos Toro y Barroso, así como la reconocida quebrada Gata, en Marsella de Venecia, son lugares que presentan características particulares, que aumentan la peligrosidad de estas excursiones ilegales. Los grandes cañones del río, con paredes de hasta 100 metros de altura, favorecen el crecimiento de cabezas de agua y dificultan la salida de turistas que se encuentren en el lugar.
“Estamos cerca de las montañas, donde nacen las lluvias, de ahí el nombre de ‘Parque del Agua’, las crecidas son bastante rápidas. La topografía causa que árboles caigan al cauce y creen un tapón. Algunas veces, sin necesidad de lluvias, esos árboles ceden y bajan arrastrando piedras del tamaño de un automóvil. Cuando usted escucha la cabeza de agua, ya no hay manera de salir”, expresó Solís.
Y añadió que la situación se complica debido al poco recurso humano y económico con el que cuentan, incluyendo los recortes en el presupuesto de combustibles y viáticos. No obstante, insistió en que siguen realizando operativos, como el desarrollado el pasado 30 de marzo en la comunidad de Marsella.
El guardaparques explicó a La Nación que ese día se interceptó y expulsó a 82 personas, entre las 6 a. m. y las 12 m. d., aunque en videos grabados durante el último año llegaron a contar en la catarata, al mismo tiempo, hasta 50 personas.
“En cámaras del ICE vimos que tres busetas cargadas de gente ni siquiera se arriesgaron a bajar, porque las personas que detuvimos en la mañana les avisaron que estábamos ahí abajo. A las 12 m. d. decidimos hacer la salida porque no creíamos que entrara más gente, pero cuando llegamos al portón del ICE, vimos una pareja que iba ingresando a esa hora. Son gente que entra con luz pero el trayecto dura cuatro horas, hacerlo de vuelta sin luz y de noche, es muy peligroso y se arriesgan a que llueva.
“No solo si muere alguien es una emergencia, el simple hecho de doblarse un tobillo allá adentro ya es un percance. Además de los costos, arriesgan la vida de los guardaparques y de los rescatistas. Hay gente del ICE que les indican que es una zona peligrosa, pero no acatan indicaciones”, reclamó el funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Testigos expresaron a este diario que ellos presenciaron anteriormente la llegada de personal de primeros auxilios al lugar para atender una situación de emergencia dentro del parque, ya sea torceduras o hasta fracturas. Esto, desde luego, requiere un dispendio de recursos tanto humanos como económicos por parte de las organizaciones de emergencias.
“Los mismos tour operadores envían un audio a los que compran el tour, en el cuál van explicando el recorrido, y en el mismo audio ellos indican que van a pasar por una zona ilegal, ellos son conscientes a la hora de vender el servicio. Lamentablemente, aún hay portillos en las leyes y reglamentos que les da la posibilidad de no ser sancionados”, describió Víctor Solís.
El guardaparques agregó que estos temas se encuentran en discusión a nivel de jefaturas; no obstante, de momento se lleva una base de datos de todas esas personas que ingresan de forma ilegal. Una vez anotados, si son sorprendidos nuevamente en cualquier sector restringido, son procesados por desacato a la autoridad. Si embargo, explicó Solís, no existe una sanción específica por estos ingresos irregulares.
“Además está el componente ecológico, son sitios delicados, donde hay poblaciones autóctonas de flora y fauna, y cuando la gente entra deja mucha basura y se presta para la extracción de flora o fauna, que representa un delito adicional”, concluyó Solís.
