En el papel, una nueva ley estableció que las empresas telefónicas deberán encontrar en nueve meses, a partir del pasado 11 de julio, la forma de bloquear la señal celular en las 20 cárceles del país.

Sin embargo, este plazo es “poco realista” para las operadoras encargadas de encontrar la tecnología que se usará en este proyecto.

Así lo afirmó Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), entidad que representa a las compañías involucradas: Claro, Kölbi y Movistar.

“La experiencia internacional demuestra que este es un proceso de implementación largo y complejo, que puede demorar años para completar todos los centros”, respondió Ramírez por correo electrónico.

“Los operadores móviles han manifestado su voluntad de seguir colaborando en este proceso; hay que tener presente que la realidad técnica y de los sitios es compleja, y la infraestructura no siempre es la idónea”, añadió.

La directora de la Cámara apuntó que las operadoras se preparan para inspeccionar a los posibles proveedores del sistema, los cuales deberán evitar que salgan afectados los vecinos de los centros penales, uno de los puntos señalados por Infocom cuando se aprobó el proyecto de ley, en agosto del 2018.

Según el cronograma publicado por el Ministerio de Justicia y Paz, en noviembre las compañías deberán presentar el software y hardware por utilizarse.

El 27 de marzo del 2020, el plan debería estar en marcha.

La iniciativa para bloquear la señal en las cárceles, aprobada por el Congreso en agosto del 2018, definió que los nueve meses correrían a partir de la publicación en La Gaceta del reglamento de la ley, el cual se divulgó el 11 de julio.

Esta legislación establece que si las empresas incumplen con el mandato, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) las penalizará con una sanción leve.

En caso de cometer dos o más faltas en un año, recibirán una sanción grave e incluso muy grave, que se castiga con una multa de entre 0,5% y hasta un 1% de los ingresos brutos del operador obtenidos durante el periodo fiscal anterior.

La ley pretende combatir las estafas telefónicas desde los centros penales, que entre julio del 2017 y el mismo mes del 2018 les costaron a las víctimas ¢2.741 millones, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad que aseguró que el 100% de estos fraudes se realizan desde la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Además, la Policía Penitenciaria reportó que el año anterior se decomisaron 2.946 celulares en las prisiones. En la primera mitad del 2019, la cifra fue de 1.191.

“Esperaría que prime el interés superior y no el privado”

Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, le restó urgencia a lograr el bloqueo en el tiempo establecido.

Para él, lo crucial es “la actitud de las operadoras”.

“Si bien es cierto que está regulado, no necesariamente es un plazo que está escrito en piedra, puede haber realidades que lo hagan variar”.

“Aquí lo importante es cuál es el interés que estas (empresas) tienen”, indicó Bertozzi.

No obstante, el director policial aseveró que aunque el plan exceda los nueve meses, este sí se debería cumplir en “términos racionales”.

“En otros países, los plazos que se han definido han sido sobrepasados. Eso no significa que tenga que ser la realidad de Costa Rica; nosotros no tenemos los riesgos que pueden asumir las operadoras, como en el caso de El Salvador, por ejemplo, con tantas amenazas y riesgos. Nuestra realidad es totalmente distinta”, declaró.

Para Bertozzi, el éxito del programa dependerá de la cantidad de dinero que inviertan las compañías telefónicas.

“Ellos dicen que no es posible en ese plazo. Me parece que hay que esperar un poco más, hay que esperar a los proveedores. Esto es un tema de cuánto quieran invertir en el asunto, pues si ellos quieren hacer un centro penal al año, durarán 20 años, y eso no va a pasar”.

“Uno esperaría que aquí prime un interés superior, que es el que tiene que ver con el bienestar ciudadano, y no el interés privado de pretender ahorrarse plata. Ellos son los que venden y proveen los servicios; a ellos se les dio la responsabilidad”, afirmó.