Se presume que la organización amasó esa cantidad de dinero en los últimos 18 meses, periodo en el cual movió a 249 migrantes. Los pagos oscilaban entre $7.000 y $20.000 por persona traficada y el costo variaba según la distancia recorrida.

Dicha banda, desarticulada este martes por la mañana luego de 36 allanamientos en suelo tico y 13 en territorio canalero, fue descubierta por la Policía Profesional de Migración en enero del 2018, cuando se detectaron ciudadanos indios, que ingresaban por el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Hasta las 3 p. m. se registraron 41 capturas en las zonas norte y sur del territorio costarricense y 10 en suelo panameño.

Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería, manifestó que el operativo es uno de los más grandes que se ha hecho en el país por el delito de tráfico ilícito de migrantes.

“La estructura dentro de Panamá se encargaba de hacer el enlace con grupos de migrantes, los interceptaban en las rutas (...).

"Determinamos que ellos captaban a los migrantes y les cobraban por transitar por el territorio costarricense. Los escondían dentro de viviendas y así se cometía el tráfico de una frontera a otra”, explicó Vargas.

Agregó que una mujer de apellidos López Martínez, alias Mamá África, era una de las líderes del grupo y fue aprehendida en la zona norte.

Ella es de nacionalidad nicaragüense y en Costa Rica se le denegó la residencia que solicitó en una fecha no precisada, por lo que estaba en territorio nacional en condición irregular.

Según las autoridades, en el norte ella se encargaba, junto con dos ticos, de velar porque los extranjeros cruzaran a Nicaragua.

Nacionalidades diversas

Las personas que durante el último año y medio se determinó que pagaron a cambio del traslado ilegal provenían de Bangladés, Sri Lanka, Angola, Camerún, Nepal, Congo y República Democrática de Congo, así como de Angola, India, Haití y Cuba.

Stephen Madden, director de la Policía Profesional, detalló que los migrantes viajaban legalmente de Asia y África a Europa, donde posteriormente tomaban un vuelo a Brasil, Ecuador, Perú o Colombia.

A partir de su llegada a esos países comenzaban los primeros contactos con la banda y, dependiendo de las posibilidades económicas existentes en cada caso, comenzaba el traslado lícito o ilícito hasta Panamá, desde donde cruzaban a Costa Rica, para realizar el recorrido de frontera a frontera en una semana o más.

Ya en territorio costarricense, enfatizó, salían por tierra o mar (por playa El Jobo, en La Cruz) hacia Honduras o Guatemala, para continuar el camino hasta Estados Unidos.

“La estructura tenía funciones establecidas para cada miembro de la organización. Por ejemplo, en la zona sur había dos femeninas encargadas de recibir a los migrantes y luego los trasladaban con los encargados de ocultarlos en lugares no visibles para que pasaran desapercibidos”, dijo Madden.

Añadió que algunas veces los pagos se realizaban en tractos según la travesía, pero que hubo ocasiones en los que se canceló la cuota en su totalidad desde el inicio.

El jerarca policial afirmó que durante la investigación encontraron una ruta clara y era de Cuba a Panamá, donde utilizaban una tarjeta de turismo que recientemente fue eliminada en el país vecino para ingresar.

La fiscala Emilia Navas aseguró que tras la indagatoria de los detenidos evaluarán cada caso individualmente y determinarán qué medidas cautelares se pedirán.

En los allanamientos se decomisaron dispositivos electrónicos como computadoras y celulares, así como dinero en efectivo. Los montos decomisados no trascendieron.

De acuerdo con el artículo 249 bis de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), el tráfico ilícito de migrantes se castiga con una pena de entre seis y diez años de cárcel cuando lo comete un grupo organizado de dos o más personas.

Información actualizada a las 4:42 p. m. con más datos.