Durante la noche de este sábado 24 de abril y la madrugada del domingo 25, la Policía inspeccionó 954 locales comerciales para cerciorarse del cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia de la covid-19.

En esas visitas, las autoridades se encontraron que 54 de esos negocios presentaban varios incumplimientos lo que conllevó su clausura, confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.

Esa cartera precisó que, 30 correspondían a fiestas clandestinas, que se daban en Montes de Oca, Liberia, San Roque de Liberia, Belén, Venecia de San Carlos y Limón.

Otros ocho eran bares que operaban sin los permisos correspondientes y además, no cumplían con los protocolos sanitarios. Seis de ellos estaban en la ciudadela La Carpio, otro en Puntarenas y otro en Upala.

En cuanto a esta última intervención en Upala, la Fuerza Pública comunicó que, al hacer el ingreso a esa cantina, aprehendieron a un prófugo de la justicia, de apellido Miranda. El por qué lo buscaban se desconoce.

Sobre los otros 16 negocios no se obtuvo mayor información.

“Todo esto se atendió luego de que ingresó el llamado al sistema de emergencias 9-1-1. El recurso policial de la región respectiva se apersonó al sitio”, apuntó Eduardo Solano, viceministro de Seguridad.

Esta información la brindan, en conjunto con un llamado para que la ciudadanía entienda la importancia de quedarse en casa y de evitar aglomeraciones para lograr reducir la curva de contagios y así dar un aire a los hospitales que están por saturarse.

Según informó Seguridad, entre el 16 y el 25 de abril, la Policía ha inspeccionado 2.940 comercios.

Tropiezos en actuar

Si bien la mayoría del trabajo policial se ha podido realizar de forma correcta y hasta pacífica, las autoridades revelaron que hay dificultades que impiden su actuar.

Ejemplo de ello fue un matrimonio, que se realizó este fin de semana en una finca en Fraijanes de Alajuela y que, supuestamente, contaba con la presencia de muchas personas.

Al recibir la alerta, los oficiales se apersonaron al sitio, en conjunto con autoridades del Ministerio de Salud.

Cuando observaron el movimiento que había dentro de esa propiedad, hicieron coordinaciones respectivas con el Ministerio Público y el juez penal de turno de Alajuela para poder hacer una allanamiento e ingresar a la finca.

“Sin embargo, las autoridades judiciales de manera verbal no aprobaron”, indicó la oficina de prensa del Ministerio.