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Policías en todo el país tienen que vigilar las calles con patrullas en mal estado, mientras el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no ha comprado ningún vehículo en este año y tampoco tiene presupuestado comprar equipos nuevos en el 2025.
“Aquí generalmente las unidades se paran cuando ya no sirven, pero si tienen alguna forma de repararlas, lo que se hace es que muchos oficiales sacan dinero de su bolsillo para comprar los repuestos, hasta mi persona ha colaborado”, relató a La Nación Vanessa Treminio, oficial de la Fuerza Pública de Orosi, en Paraíso de Cartago.
Treminio, oficial desde hace 13 años, contó que en ocasiones hacen una “vaca” entre los compañeros para ayudarle a alguno que haya puesto dinero para una reparación. También recurren a aportes de la comunidad y la municipalidad.
“Es problemática de muchos años, podemos decir que hay unidades que pueden tener hasta diez años de estar en funcionamiento, y me parece que es una situación muy grave porque los policías no tienen la culpa. Son unidades que trabajan 24/7, algunas ni asientos tienen y no hay mantenimiento. En algunas unidades, son tantas las reparaciones que les han hecho, que llegan a ser un riesgo para el oficial”, agregó.
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La oficial detalló que en todo el cantón de Paraíso solo hay tres patrullas, para el distrito central, Llanos de Santa Lucía y Orosi, lo que implica que cada vehículo tiene que cubrir distancias extensas y por lo tanto se acelera su deterioro. Por ejemplo, Cachí, a unos 11 kilómetros de Orosi, no tiene unidades, y muchas veces el vehículo de Orosi tiene que trasladarse hasta esa zona para atender situaciones que en ocasiones pueden ser urgentes.
“Por más que contraten oficiales, si no hay recurso para desplazarse entonces no se puede trabajar. Si no fuera por los oficiales, muchas unidades estarían varadas. Muchas quedan fuera de servicio pero las que se logran salvar son gracias a los oficiales”, apuntó Treminio.
Problema grave y conocido
La preocupación por el estado de las patrullas fue externado al Ministerio de Seguridad por Alejandra Madriz Barquero, directora de Transportes del MSP, y Gerald Argüello Madrigal, el entonces gestor del proyecto de compra de vehículos, en un oficio enviado el 20 de agosto a la viceministra Lis Espinoza Quesada.
En el documento, se detalla que solo el 34% de la flota vehicular está asegurada y activa, y el 66% restante está fuera de servicio temporal o permanentemente. Según un cálculo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), esto equivale a 2.174 patrullas activas de una flotilla de 6.326.
Ese departamento inició siete trámites, entre 2022 y 2024, para comprar vehículos nuevos, pero ninguno se ha completado por diferentes razones.
En tres casos, la Dirección de la Proveeduría Institucional del MSP, encargada de las contrataciones administrativas, determinó que las empresas proveedoras tenían incumplimientos y los procesos fueron declarados infructuosos. En un trámite, la Proveeduría detalló que rechazó el procedimiento por orden del despacho de la viceministra, y en tres casos la Dirección de Transportes afirmó estar “a espera de las directrices institucionales sobre el proceder de este trámite”.
De esta forma, el MSP pasó el 2024 sin comprar ninguna patrulla, y el oficio alerta que para el 2025 no hay presupuesto designado para adquirir vehículos nuevos.
El informe detalla que el estado actual de la flotilla de la institución es “crítico”, debido a los vehículos que ya superaron su vida útil y además, según lo indican los Avalúos Técnicos-Financieros (ATF), generados por la Unidad de Taller Mecánico, no es viable seguirlos reparando cuando lo que se necesita es reemplazarlos.
Un oficio de la subdirección general de la Fuerza Pública, enviado a la Dirección de Transportes, ejemplifica el problema: “pese a que a que se cuenta con una recomendación por parte de la Dirección de Transportes para no repararla por medio de un ATF, dicha unidad es requerida por parte de la unidad usuaria en servicio, ya que no contar con esta, afectaría el servicio de Seguridad Ciudadana, impactando directamente en el servicio brindado por la Fuerza Pública.”
Denuncia sindical
Estas inquietudes también fueron expresadas por ANEP, al cuestionar en un comunicado de prensa que ”un departamento político sin conocimientos técnicos, como es el despacho de la viceministra de Seguridad Pública, mande la orden a Proveeduría de rechazar un procedimiento, sin ningún tipo de justificación”.
“Preocupa en demasía observar la cantidad considerable de recursos destinados al servicio de seguridad ciudadana, que el MSP no está ejecutando en momentos de crisis fiscal”, señaló el grupo sindical.
Además, según el sindicato, Gerald Argüello fue reubicado sin justificaciones luego de firmar el oficio mencionado.
Este diario envió consultas a la oficina de prensa del MSP el pasado miércoles, y al cierre de edición se estaba a la espera de una respuesta.
La carencia de vehículos en el MSP también la sufre el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), que a inicios de agosto llevaba dos meses con solo una avioneta en funcionamiento, lo que ha dificultado la capacidad de la institución para combatir el narcotráfico.
El SVA cuenta con seis aviones y tres helicópteros, pero ocho de estas unidades cumplían con el proceso de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante.
Una fuente aseguró a La Nación, en condición de anonimato, que el único avión en funciones es un Cessna Caravan para 12 pasajeros, que principalmente realiza traslados de los altos mandos del Gobierno, pero no se usa para vigilancia del narcotráfico. Asimismo, se utiliza en menor medida para vuelos de ambulancia.
