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Un grupo de policías penitenciarios persiguieron durante cinco horas a un gato que llevaba dos celulares adheridos al cuello e intentaba entrar a la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma, en Alajuela.
El hecho comenzó a suscitarse a las 5:30 p. m. de este jueves, cuando el vigilante de un fortín exterior divisó la presencia del animal en las inmediaciones del módulo B. Él dio aviso y otros oficiales se sumaron a capturar al felino. En total, participaron ocho oficiales.
En el primer intento, los policías fallaron puesto que el gato se escabulló hacia el cañón del río Virilla. Desde ese momento, los efectivos estuvieron tras el animal y no fue hasta las 10:30 p. m. que lograron atraparlo en una alcantarilla.
El felino cargaba un paquete, adherido con cinta de empaque en su cuello, en el cual portaba dos celulares, tres chips y un cargador.
“Fue muy difícil atraparlo porque se atrincheró en la estructura (alcantarilla), que tiene unos 100 metros de largo. El animal no quería salir; estaba agresivo”, dijo Nils Ching, subdirector de la Policía Penitenciaria, quien agregó que, en comparación con hechos anteriores, esta vez el animal presentó “una resistencia importante”.
Luego de liberarlo de la carga que portaba, los policías lo colocaron dentro de un saco y, cuando se disponían a buscar una jaula para meterlo, el animal se escapó.
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Esta no es la primera vez que un gato es atrapado este año mientras intentaba ingresar aparatos y hasta droga a las cárceles.
En febrero de este año, dos animales fueron apresados en forma simultánea en la cárcel La Reforma y en la Nelson Mandela, en San Carlos.
En el primer caso, el felino llevaba celulares y droga; en el último solo llevaba marihuana.
En años anteriores, los reclusos han llegado a utilizar hasta palomas para introducir droga y celulares.
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Contexto preocupante
Estas situaciones generan preocupación debido a que los celulares que ingresan a las cárceles son usados por los reos para cometer estafas, que, en ocasiones, son millonarias.
Claro ejemplo de eso fue un video que se viralizó hace una semana, en donde se veía una especie de call center y a siete reclusos haciendo llamadas a terceros para robarles dinero.
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En total, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que, para el cierre de este 2019, se va a tener un perjuicio económico de ¢5.000 millones por las estafas cometidas desde las prisiones.
