Por primera vez nuestra Policía cuenta con una flotilla nacional de helicópteros, aviones, barcos de 110 pies de largo, camiones blindados y radares y cuyo manejo ha exigido una preparación intensa por parte de nuestros cuerpos policiales.
Sumado a ello hay lanchas interceptoras y más policías con lo que se consolida la más robusta plataforma vista en nuestro país para la lucha antidrogas, explicó el ministro de Seguridad Michael Soto.
A ello se suma la Academia Nacional de Policía en Pococí, donde se capacita en mejores condiciones a oficiales de los diversos cuerpos policiales. Ahí estudiaron la mayoría de los 1.500 nuevos policías que la Fuerza Pública contrató con fondos del impuesto a sociedades anónimas, aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2017, para completar el proyecto de seguridad y que aporta cada año unos ¢17.000 millones.
La capacitación es constante, pues cada año unos 400 policías dejan sus puestos por razones como jubilaciones, enfermedad y por ser dados de baja.
El plan escudo de seguridad está al 90%, pues solo está pendiente un gran centro de monitoreo que reuniría la información de cientos de cámaras videográficas de múltiples instituciones y la llegada a fin de este año de un avión radar de tipo MPA comprado por el Ministerio, para completar una flotilla que, pese a ser de equipos en su mayoría usados, se encuentra en óptimas condiciones operativas.
Coraza antinarco
Equipo apoyará en atención de emergencias
FUENTE: MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA || C.F. / LA NACIÓN.
La constante detección de lanchas cargadas con drogas en todas las playas del país y el aumento de reportes sobre la presencia de embarcaciones sospechosas entre el 2013 y el 2016, obligaron al Ministerio de Seguridad a reaccionar.
En el 2017 el país solo contaba con 300 guardacostas y 70 embarcaciones de muy limitado alcance para patrullar 1.228 kilómetros de costas en ambos litorales y un mar patrimonial que es 11 veces más grande que el territorio terrestre.
La arremetida del narcotráfico llevó a las autoridades a buscar alianzas con Estados Unidos y China para desarrollar un plan de vigilancia que comenzó en el 2017 e incluyó la formación de 11 pilotos de aviones y helicópteros, así como 44 capitanes de embarcaciones, tres de ellas de 110 pies de largo (33,5 metros).
Entre los resultados de ese blindaje, entre el 1.° de enero y el 15 de mayo de este año, la Policía ha decomisado más de 25 toneladas de droga, mayoritariamente cocaína. La idea es que este 2019 se supere la cifra del año pasado que fue de 40 toneladas de droga, de las que 33 eran de cocaína.
La instalación de modernos radares en puntos estratégicos también ha sido determinante para golpear las estructuras del narcotráfico, ya que esos dispositivos captan el vuelo de aeronaves y la navegación de embarcaciones sospechosas en el Pacífico y el Caribe.
El ministro afirmó que la Dirección General de Aviación Civil aún tiene pendiente instalar en Limón el radar que desde mayo del 2017 se cambió en el aeropuerto Juan Santamaría. Soto dijo que el año entrante se espera integrarlo a la lucha antidrogas.
Mantenimiento costoso
El ministro dejó claro que nuestro país no tiene capacidad presupuestaria para mantener una flota como la actual, ya que cualquier pieza que se dañe en un navío, avión o helicóptero, vale miles de dólares.
A manera de ejemplo dijo que solo la propela de un buque, que se dañó recientemente, costó $200.000 (¢116 millones). “Ellos (los estadounidenses) la compraron y acaba de llegar. “Nosotros no tendríamos esa capacidad, mientras ejecutamos... mientras pedimos. Por eso el programa establece que ellos atienden el mantenimiento al menos en los primeros dos años y la capacitación de los oficiales en el manejo de los buques”, dijo Soto.
Este año el país recibirá $43 millones ( ¢25.000 millones) para mantenimiento de la flotilla. El aporte lo hace la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) por sus siglas en inglés.
Costa Rica aporta el combustible y el personal para la operación de barcos, aviones, carros y helicópteros, así como la pintura de los buques y cierto mantenimiento básico.
Según el ministro eso en lugar de un gasto es una inversión, pues con los recursos del país, tendrían que pasar muchísimos años para poder tener algo así.
Añadió que antes alquilar un helicóptero costaba $1.700 por hora (casi ¢1 millón), en cambio ahora el Ministerio cuenta con sus unidades propias y eso es una gran ganancia para el país.
Además de temas policiales, sirven para emergencias, proyectos de desarrollo y labores preventivas del riesgo.
Para la operación de los aviones y helicópteros recibidos en este proyecto, el Ministerio tuvo que mandar a once policías jóvenes del Servicio de Vigilancia Aérea, para que se capacitaran como pilotos.
Ahora se les busca una plaza acorde con sus conocimientos, pues en la calle les ofrecen muy buenos salarios.
A sabiendas de eso, antes de salir a la capacitación los funcionarios firmaron contratos con el Ministerio donde se comprometen a trabajar cierto número de años después de haber sido capacitados.
El titular de Seguridad, dijo que este plan escudo contra el narco va más allá de esta administración y aseguró a futuro se debe cuidar la relación con los países amigos, para repeler juntos ese flagelo.
Beneficios
Al consultarle sobre el impacto del equipamiento antinarco a lo interno del territorio, Soto destacó en primer término el entrenamiento que reciben nuestros policías para luchar contra las organizaciones antinarcóticos.
“Los muchachos están conociendo policías de Colombia, Guatemala, Honduras, Argentina y otros países. Reciben capacitación de colombianos, que son los mismos que hacen las intervenciones contra los cárteles de ese país, lo cual ayuda mucho para las investigaciones de problemas del tráfico local”, dijo.
Añadió que los perros adiestrados donados por Estados Unidos trabajan a lo interno, revisando cargas en tráileres y aeropuertos, así como en allanamientos policiales.
De igual manera citó los camiones blindados Ford Némesis, que son para trabajos de protección a lo interno del país y que originalmente no estaban dentro del plan.
Gracias a los helicópteros y aviones donados, el país adquirió una robustez para atender desastres naturales que antes no tenía. Años atrás se requería la ayuda de aeronaves colombianas, estadounidenses, panameñas y personal de otros países, mientras que para la emergencia por la tormenta Nate (octubre del 2017) algunos de los nuevos equipos pudieron movilizar ayudas y personas.
Narco busca formas de evadir
A sabiendas de que el país buscó blindarse en la lucha contra el narcotráfico, las organizaciones narcotraficantes buscan otras formas para tratar de evadir los radares y por eso ahora se detectan más aviones ultraligeros en nuestro territorio.
De esta forma, una sola persona a bordo del avión, además de pilotear transporta hasta 80 kilos de droga. Vuelan a la orilla de la costa, a una altura tan baja que evaden la detección del radar.
“Hemos encontrado algunos ultraligeros abandonados en fincas, los cuales aterrizan hasta en un camino recto. Algunos pilotos han aparecido quemados. Hay aviones que pueden volar cinco o seis horas con su combustible y otros incurren en riesgos, porque en pleno vuelo quitan las mangueras al tanque y se las pasan a unas pichingas con combustible. Si ahí se mete una burbuja de aire puede ocurrir un accidente fatal”, dijo el ministro de Seguridad.
Ahora se detectan con más frecuencia vuelos sospechosos, de los que antes la Policía ni siquiera se percataba.
A veces se llega tarde, porque al generarse una alerta en un punto muy lejano, como las barras de Tortuguero o Colorado se debe salir rápido con cierta cantidad de personal, pues no puede ir un policía solo, sin embargo hay casos positivos.
“Antes subían y bajaban y nadie sabía, ahora hay un avance importante, pero sabemos que no hay sistemas infalibles”, acotó.
De igual manera, las organizaciones acuden a embarcaciones semisumergibles y a lanchas rápidas que navegan asomando apenas su estructura en el mar, como mecanismo para no ser detectadas. El caso más reciente ocurrió el 11 de mayo en Osa, cuando la Policía detuvo a dos extranjeros y un tico con 2.377 kilos de cocaína.
Pese a equipos, hay sitios donde ni la Policía puede entrar
Para el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el primer año de la actual Asamblea Legislativa, Gustavo Viales, el plan escudo de seguridad es una importante iniciativa, pero hay que saberla manejar.
Estima que mientras se tiene equipo adecuado para afrontar los grandes cargamentos de droga, se deja descuidado el narcomenudeo, lo que genera una guerra frontal y la consecuente inseguridad en los barrios.
Afirmó que en el país hay lugares donde se cobra ‘peaje’ para entrar, así como sitios donde ya ni siquiera la Policía puede ingresar.
“Mi temor es que al enfocarnos en la lucha contra grandes cargamentos, descuidamos el crimen a lo interno y perdemos cada vez más espacios. Restamos los pocos policías que se dedican al trabajo rural y comunitario para dirigirlo a la persecución de la droga que va en gran escala hacia Estados Unidos”, dijo el legislador.
Enumeró barrios marginales de Limón, así como barriadas del sur de la capital y muchas zonas rurales de Puntarenas, como los puntos donde la Policía no entra y muchos vecinos honestos han perdido espacios.
“Tenemos la preocupación latente en Limón, donde los diputados de esa provincia han dicho que es imposible entrar a ciertas comunidades y que la justicia no es pronta ni cumplida contra las personas a las que se arresta y se les decomisa droga”, explicó.
Llamó a un trabajo simultáneo contra los cárteles y el narcomenudeo, para mejorar la seguridad del país e insiste en que el gran nivel de desempleo y la falta de crecimiento económico del país, tornan vulnerables a muchas personas que caen en las redes del narco, principalmente en zonas rurales.
Viales se mostró de acuerdo con aumentar los recursos para el Ministerio de Seguridad. “La situación fiscal del país no puede comprometernos a disminuir el presupuesto de ese Ministerio. En las cuatro últimas administraciones se ha desmantelado ese presupuesto y si el Gobierno quiere dar una lucha clara, máxime con esos equipos, debe hacer lo propio con el presupuesto.
Hugo Solano C.
Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.
Carlos Arguedas C.
Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.
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