Un proyecto de ley eximiría a las fuerzas policiales del país, como la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la aplicación de la regla fiscal.
La regla fiscal es un instrumento, incluido en la reforma fiscal del 2018, que impone límites al gasto público dependiendo de los niveles de endeudamiento del país.
Ese fue uno de los temas tratados este lunes en una reunión en el Congreso sobre la problemática de la inseguridad, entre la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), expertos del Colegio de Abogados y diferentes exjerarcas, como la expresidenta Laura Chinchilla, el exministro de Seguridad Gustavo Mata y el exdirector del OIJ, Rafael Ángel Guillén.
Gilberth Jiménez, diputado del PLN, destacó que una de sus propuestas para atender la alta inseguridad es que los policías puedan recibir más fondos al estar afuera de la regla fiscal. Jiménez espera lograr esto con la aprobación del expediente 23.330, el cual es un proyecto del Gobierno para añadir excepciones a la aplicación de la norma que rige desde el 2018.
Si bien el texto no incluía originalmente a las fuerzas policiales, una moción presentada por Jiménez en la Comisión de Asuntos Hacendarios fue aprobada e incluida en el texto sustitutivo dictaminado en comisión el 19 de abril, y que deberá luego ser votado por el plenario legislativo.
La moción propone sacar de la regla a “los gastos e inversiones asignados a los cuerpos policiales del estado y de investigación judicial”. Además del OIJ y la Fuerza Pública, esto incluiría todos los demás grupos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, como el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Fronteras, la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz, y la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
El proyecto también excluiría de la norma a las donaciones que reciban los entes u órganos del Sector Público no financiero, a los Entes Públicos no Estatales (por ejemplo, los colegios profesionales), al Cuerpo de Bomberos, entre otros.
Jiménez indicó a La Nación que antes de la votación en el plenario, espera que la comisión solo deba votar entre cuatro y cinco mociones de fondo. “Esperamos que al segundo día (de votación) no tengamos mociones y podamos de una vez ir por el fondo y aprobar el proyecto”, señaló.
El congresista afirmó que su fracción respalda este plan y agregó que “no hubo conciencia” al aprobarse la regla fiscal en el periodo legislativo 2018-2022. “No hubo racionalidad y no podía meterse a todo el mundo en el canasto. La seguridad tiene que tener todas las condiciones, yo discrepo con incluir a las fuerzas policiales a limitaciones económicas, proteger las vidas tiene mucho más valor que un tema fiscal”.
La exmandataria Chinchilla (2010-2014), quien estuvo en la reunión vía videollamada, reconoció la urgencia de tomar medidas ante la inseguridad, pues la tendencia apunta a que habrá un aumento de la tasa de homicidios del 35% con respecto al 2022, pero no consideró necesario aflojar la regla fiscal porque “abriría portillos” para que se eximan otros rubros.
“En mi Gobierno teníamos una situación fiscal mucho más comprometida, porque no nos aprobaron nunca el plan de impuestos, y este Gobierno entró con un plan de impuestos. Aún así logramos reunir los recursos que la seguridad necesitaba”, declaró Chinchilla a este medio.
“Lo hicimos aplicando un poco la creatividad y buscando fuentes alternativas, pero también estableciendo planes prioritarios, si no se considera la seguridad como un área prioritaria, nunca recibirá los recursos que se requieren”, apuntó.
Por su parte, el exministro Mata (2015-2018) sí respaldó el proyecto, pues lo calificó de “urgentísimo” y aseguró que existen hasta $30 millones disponibles en el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) que no pueden ser trasladados a las fuerzas de seguridad debido a la regla fiscal.
La falta de presupuesto en las policías ha sido señalada por los sindicatos e incluso por el ministro de Seguridad del Gobierno anterior, Michael Soto, quien afirmó en mayo del 2022 que la regla fiscal ha afectado las condiciones en las que trabajan los diferentes cuerpos policiales.