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Una "red criminal" logró infiltrarse en puestos claves del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) para manejar a su antojo el millonario fondo que tiene la entidad para dar préstamos a cooperativas.
Así lo reveló el Ministerio Público, como parte de una investigación en la que se determinó que este grupo manipuló nombramientos en el Infocoop y en el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) , realizó reformas irregulares de reglamentos y falsificó actas para controlar el otorgamiento de créditos.
Así, pudieron distraer fondos que están destinados originalmente a favorecer el movimiento cooperativo hacia personas, organizaciones afines a los miembros de la red y a cooperativas con problemas de morosidad.
Estas últimas recibían préstamos con condiciones muy favorables como intereses bajos, extensos plazos para pagar y amplios periodos de gracia.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción señaló que el giro de dinero a entidades con poca capacidad de pago generó pérdidas de hasta ¢9.000 millones al Infocoop.
Según el Ministerio Público, esta organización era dirigida por Freddy González Rojas, quien presidió el Infocoop hasta noviembre del 2009 y es el actual secretario ejecutivo del Conacoop.
Él fue detenido este martes por la mañana en su casa de habitación en la Florida de Tibás, como parte de un amplio operativo que incluyó 18 allanamientos en 12 entidades cooperativas y seis casas de habitación.
Además de González, fueron detenidos otros cinco personeros del sector cooperativo. Ellos fueron identificados con los apellidos: León Mora, Rodríguez Rodríguez, Gómez Ferreto, Siles Zúñiga y Rojas Durán.
León Mora es el presidente del Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional, (Cooprena R.L.) y gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa R.L.).
Por su parte, Rodríguez Rodríguez es la directora de la Asociación Onward Costa Rica y, según la Fiscalía, la presunta testaferro de González.
Gómez Ferreto es exdirectivo de Infocoop y gerente del Consorcio de Cooperativas Cafetaleras de Guanacaste y Montes de Oro (Coocafé R.L.). Entre tanto, Siles Zúñiga preside las organizaciones Coodepas R.L., Onward y Fecoopa. Y Rojas Durán es el actual gerente de Financiamiento del Infocoop.
Ellos, junto a otros 11 imputados, son investigados por los delitos de malversación de fondos, peculado, influencia contra la Hacienda Pública, enriquecimiento ilícito y cohecho.
¿Cómo funcionaba la red?
La fiscala general en ejercicio, Berenice Smith, detalló que el modo de operar de la "red criminal" era mediante el aprovechamiento de los puestos que ocupaban en el sistema cooperativo, pues se trata de personas con amplia trayectoria en el sector.
"Durante tantos años que estuvieron en diferentes puestos de poder conformaron esta organización; de manera que tenían un grupo afín, llegando incluso a manipular los nombramientos en instituciones claves como Infocoop y Conacoop. Eso les permitió tener influencia para acceder a créditos que en otras circunstancias hubiera sido difícil que se les concedieran", mencionó Smith.
Los beneficios no siempre fueron personales, aunque la Fiscalía estima que gracias a ellos pudieron haber obtenido dinero y bienes.
"Hay otorgamientos de créditos en su carácter personal. En otros no podemos decir que el beneficio sea personal, pero la ley permite hablar de distracción, dineros de fondos públicos que no fueron utilizados para lo que demanda el sistema cooperativo", explicó la fiscala.
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Además dijo: "Los que reciben los créditos son cooperativas que muchas veces estaban en morosidad, recibían créditos con plazos muy cómodos, a intereses muy bajos, lo que les permitió, incluso, en uno de los casos, colocarlos ellos mismos a un interés más alto", aseveró Smith.
Dentro de los sitios allanados este martes, figuran la sede principal del Infocoop, en barrio México; junto con Conacoop, Cooprena, Fecoopa, Codepas, Onward Costa Rica, Coocafé, Agroatirro, Coopeazucareros, CoopeSarapiquí, Coopesilencio y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.
Los oficiales secuestraron actas, documentos contables y otros archivos que servirán para conocer con mayor detalle la forma en la que los dineros del Infocoop fueron manejados de forma irregular.
También hubo incursiones policiales en las viviendas de los otros cinco cooperativistas involucrados en Moravia y Desamparados, en San José; San Miguel de Sarapiquí, en Heredia; Paraíso, en Cartago; así como Grecia, en Alajuela.
A los detenidos se les pedirá prisión preventiva como medida cautelar y no se descartan más detenciones, enfatizó la funcionaria.
La acción policial estuvo dirigida por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con la colaboración de agentes de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La pesquisa de este caso comenzó a mediados del año pasado, luego de una denuncia anónima que circuló en varias instituciones.
Esa situación también fue dada a conocer por La Nación en un reportaje publicado en febrero anterior, donde se reveló que Infocoop otorgó créditos hasta por ¢2.875 millones en condiciones ridículas, como una tasa de interés de 2%, a un plazo de 35 años y hasta con cinco años de gracia.
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El Infocoop es una institución pública encargada de fomentar el desarrollo del cooperativismo a través de financiamientos a cooperativas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Mientras, el Conacoop es un organismo de delegados del sector cooperativo que elige a los representantes del movimiento en la Junta Directiva del Infocoop, integrada por siete personas (4 elegidos por los cooperativistas y tres representantes del Gobierno).
La fiscala general interina, Berenice Smith, señaló que, de ser necesario, esperarían que la actual Junta Interventora del Infocoop colabore con las diligencias que falten en este proceso.
El pasado 28 de febrero, el Gobierno acordó intervenir por nueve meses el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), con el argumento de que las autoridades de ese momento habían hecho un mal manejo de los créditos que se otorgan a cooperativas, con tasas muy por debajo del mercado.
Otro caso más.
Paralelo a los 18 allanamientos, el Ministerio Público también hizo una incursión policial en Coopelesca R.L, en San Carlos, "que corresponde a un caso independiente, pero relacionado con créditos otorgados por el Infocoop, no controlados ni supervisados".
Allí se investiga "una contratación por $1.575.000 realizada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en marzo del 2013, a la empresa OAS para el montaje electromecánico del proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, ubicado en San Ramón de Alajuela".
Según detalla la Fiscalía, como la firma brasileña OAS carecía de capacidades para realizar este trabajo, subcontrató a Coopelesca y esta, a su vez, contrató a otra empresa.
Para realizar el montaje de las turbinas, los trabajadores de Coopelesca recibieron capacitación en el exterior, pero luego migraron a laborar con la compañía subcontratada Aurora Trans S. A. "sin cancelar dinero alguno a pesar de estar vinculados mediante contrato con Coopelesca, que los obligaba a trabajar por al menos tres años para la Cooperativa o reintegrar $3.333 por año no laborado".
Por este caso se investiga "la distracción de bienes públicos por parte de los directivos de Coopelesca", pues aparentemente pusieron a disposición de la empresa Aurora Trans S. A "herramientas de trabajo que se adquireron con el crédito otorgado por el Infocoop".
En un comunicado de prensa, la Cooperativa indicó que le aportaron a los oficiales del Juzgado Penal de Hacienda toda la información requerida de este caso.
"En este proceso Coopelesca no es imputada, sino facilitadora de la información requerida en un caso donde el ofendido son los deberes de la función pública", indica el comunicado.
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Colaboraron Eillyn Jiménez, Katherine Chaves y Vanessa Loaiza.
Información actualizada a las 10:56 a. m. con declaraciones de la Fiscala General en ejercicio y del abogado de Freddy González
