Autoridades del Ministerio de Seguridad Pública solicitaron, este miércoles, ayuda a los diputados para incrementar el presupuesto asignado a esa cartera para enfrentar a los grupos criminales en el país.
El pedido fue planteado durante una reunión sostenida en el Congreso por legisladores, alcaldes y jerarcas de diferentes entidades para analizar la ola de violencia que azota a la provincia de Limón.
“Les trasladamos esa preocupación porque la única forma en que la policía pueda crecer y tener más presencia en la provincia de Limón es que nos den más recursos”, manifestó Daniel Calderón, director de Fuerza Pública con cargo de viceministro.
Calderón indicó que la Fuerza Pública ha perdido 915 puestos de policía en los últimos dos años debido a restricciones presupuestarias y aseveró que con el monto que tiene asignado actualmente no puede contratar más personal.
“Estamos apenas supliendo la cantidad de personal que sale por pensión, por asuntos médicos o de otro tipo; pero no estamos en posibilidad de que crezca la Policía”, advirtió el funcionario.
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Por su parte, el ministro de Seguridad, Jorge Torres Carrillo, aseguró que la institución arrastra un déficit de al menos 1.000 policías para cubrir en forma efectiva las necesidades del territorio nacional.
Durante el encuentro, Torres explicó que algunos policías no cuentan con las condiciones adecuadas para combatir grupos criminales, lo que los deja indefensos en caso de ser atacados por un delincuente.
Asimismo, insistió a los diputados los problemas presupuestarios que enfrenta el Ministerio de Seguridad Pública.
“No quiero echar culpas a ningún gobierno, pero sí quiero que quede claro que, bueno, se le hizo un aumento a los policías, pero se sacó del mismo Presupuesto Ordinario. Entonces, nos queda un hueco para llegar a fin de año de ¢800 millones”, aseguró Torres.
El jerarca aseguró que conversará sobre esa problemática con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para darle un diagnóstico de cómo encontró la Fuerza Pública al asumir al cargo y plantearle cuánto presupuesto necesita la institución.
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Delegaciones con órdenes sanitarias
El diputado liberacionista Geison Valverde, de la provincia de Limón y uno de los organizadores de la reunión, reiteró la necesidad de la inversión en seguridad pública.
Alegó que hay 1.040 efectivos policiales en Limón distribuidos en 30 delegaciones, pero que algunas de ellas tienen órdenes sanitarias, carecen de implementos de trabajo para los oficiales y sus patrullas están en malas condiciones o sin gasolina.
Para intentar resolver este y otros problemas, Valverde explicó que en el primer encuentro de la mesa de trabajo tomaron tres acuerdos.
“Uno es que en junio vamos a tener esta misma mesa de trabajo para seguir construyendo esta política integral de seguridad ciudadana que debería existir en la región. Vamos a tener a los jerarcas, pero en la provincia de Limón; ya no va a ser aquí centralizado”, explicó.
El legislador agregó que los otros dos acuerdos consisten en mantener un enlace con los ministerios para darle seguimiento a las iniciativas de mediano y largo plazo, y empezar a trabajar desde este miércoles en las propuestas que presentarán para la región caribeña.
Además de Valverde, en la reunión de este miércoles se presentaron los diputados limonenses Yonder Salas y Rosalía Brown, del Partido Nueva República; Katherine Moreira, del Partido Liberación Nacional; y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana.
También estuvieron el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza; la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Telles; el gerente general del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Alberto López.
Además, asistieron la ministra de Educación, Anna Katharina Müller; el alcalde de Siquirres, Mangell McLean; el alcalde de Guácimo, Gerardo Fuentes; el vicealcalde segundo de Pococí, Giovanni Rivera; y la primera vicealcaldesa de Limón, Ana Janniel Matarrita.