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De las nueve aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), solo una avioneta ha estado funcional en los últimos dos meses, lo que ha dificultado la capacidad de la institución para combatir el narcotráfico.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) aseguró a La Nación que el SVA cuenta con seis aviones y tres helicópteros, pero de momento ocho de estas unidades cumplen con el proceso de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante.
El Ministerio no precisó los arreglos que requieren, ni desde cuándo están fuera de servicio, solo proyectó que cuatro de ellas estarían funcionales en los próximos dos meses.
SVA tiene además 32 pilotos acreditados en su planilla, que en promedio acumulan 29,5 horas de vuelo en los últimos seis meses, un promedio individual de 4,9 horas al mes. En comparación, un piloto de la aerolínea Sansa vuela 90 horas en un mes de temporada alta, según fuentes allegadas al Servicio.
Adicionalmente, Seguridad detalló que cinco oficiales se graduaron en Colombia como pilotos de ala fija, con becas del Gobierno de Estados Unidos.
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Estos pilotos “al venir de su instrucción en Colombia, recibieron la instrucción teórica en nuestros aviones, lo cual es requisito indispensable para volar las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea, a la vez que se les fue integrando en los vuelos programados”, apuntó la institución, la cual indicó que estos funcionarios actualmente tienen plazas de policías.
Una de las fuentes argumentó, en condición de anonimato, que el único avión en funciones es un Cessna Caravan para 12 pasajeros, que principalmente realiza traslados de los altos mandos del Gobierno, pero no se usa para vigilancia del narcotráfico. Asimismo, se utiliza en menor medida para vuelos de ambulancia.
De igual forma, detalló que dos de los tres helicópteros, modelos MD-600 y MD-500, no vuelan desde el 2022 aproximadamente, tienen partes que ya no son fabricadas por la casa matriz y, según la misma fuente, estos fueron de los aparatos en el mundo que acumularon más horas de vuelo.
Uno de los aviones en reparación es de la familia King Air, producida por el fabricante estadounidense Beechcraft. Tiene cámaras y radares para narcotráfico, pero desde finales del año anterior un pájaro le pegó en el ala.
El SVA también cuenta con tres Cessna, de los cuales dos tienen daños en los motores desde hace seis meses aproximadamente, así como un Piper PA-34 Seneca, que no funciona desde hace dos meses por una fatiga en el tren de aterrizaje delantero, lo que requirió que la pieza tuviera que mandarse a hacer.
Además de estos problemas mecánicos, todas las aeronaves deben cumplir programas de mantenimiento cada cierta cantidad de horas voladas o por meses calendario transcurridos, lo que conlleva un costo adicional a la cartera de Seguridad y puede atrasar aún más el regreso a la actividad de las unidades.
Al tener casi todas las aeronaves en tierra, los pilotos acumulan tiempo ocioso, pues no se les pueden delegar funciones que no estén tipificadas para su cargo, explicó otra de las fuentes consultadas.
Débil lucha contra el narco
La falta de aeronaves ha disminuido la capacidad de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico. Según declaraciones a La Nación del director de la Policía de Control de Drogas (PCD), Stephen Madden, esto influyó en que las operaciones de su fuerza policial cayeran a la mitad entre enero y mayo de este año, en comparación con el mismo periodo del 2023, al pasar de 214 a 98.
Madden detalló en julio que se vieron obligados a limitar las incursiones conjuntas en las montañas en búsqueda de plantaciones de marihuana, principalmente en zonas de difícil acceso, como Talamanca de Limón.
La preocupación por la ausencia de aparatos ya había sido externada a los altos mandos de Seguridad por parte del representante sindical del Ministerio, Jonathan Flores, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
El sindicalista recalcó a este medio que la actual administración ha sido “ineficiente” en la gestión aeronáutica, lo que dejó a pilotos ociosos y sin darle seguimiento a asuntos como pistas clandestinas, rutas del narcotráfico, plantaciones o fincas privadas que podría ser usadas para trasiego de drogas, armas y combustible robado.
En un oficio del 13 de junio, enviado a Mario Zamora, jerarca del MSP, Flores manifiesta que “los recursos aeronáuticos son tan escasos que incluso existe una importante cantidad de pilotos que no cumplen funciones de vuelo”. A esto se le suma el poco personal que tiene el SVA, el cual, según el documento, es asignado a funciones que no concuerdan con su especialidad, como trabajos en muelles.
El sindicalista expuso que los funcionarios de la dependencia no están correctamente capacitados para combatir el narcotráfico, “todo ello, sin dejar de lado el claro debilitamiento que han sufrido los aeropuertos con la salida del personal de la PCD de estos lugares, situaciones que, puede revisar, ya se reflejan en la estadística”.
El 4 de julio, en un oficio enviado al sindicato y firmado por el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, se reconocieron “las limitaciones y retos con los que nos encontramos no solo en el servicio de vigilancia aérea, sino en los cuerpos policiales en general”.
Jiménez apuntó que la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030 le otorga al SVA un papel “preponderante” en la vigilancia fronteriza, y que además se reforzó el personal de seguridad aeroportuaria con 33 oficiales, de los cuales faltaban de incorporarse ocho que seguían en fase de capacitación.
El viceministro agregó que se creó un convenio con la Dirección de Apoyo Legal Policial para que a partir de mayo, el SVA tenga un asesor legal policial, “a fin de reforzar dicha área que ya contaba con un profesional en derecho del servicio civil”.
