“Costa Rica, la relajada tierra del ‘pura vida’, sucumbiendo ante la violencia narco”. De esa forma describió al país el diario estadounidense Washington Post en un reportaje publicado el 22 de marzo, enfocado en el aumento de la criminalidad en Puntarenas, pero resaltando que el país alcanzó el año pasado cifras récord en cantidad de homicidios, con 656 casos registrados.
El trabajo periodístico destacó que Costa Rica ha sido un modelo democrático en Latinoamérica, además de haber abolido el Ejército en 1948 y dedicado un cuarto del territorio a la conservación forestal, lo que ha atraído a cientos de miles de turistas norteamericanos y europeos.
“Ahora, este antiguo refugio de tranquilidad está lidiando con un aumento en la violencia, impulsado por un fenómeno poco comentado que está aquejando a varios países latinoamericanos. Alguna vez simples estaciones de paso para las drogas ilegales que se dirigían a los Estados Unidos o Europa, ahora están sufriendo sus propios problemas de abuso”, señala el reportaje.
El artículo indica que los grandes carteles mexicanos y colombianos no tienen una presencia considerable en el país, pero por años, las organizaciones criminales nacionales han brindado apoyo logístico, como gasolina y botes, para que los narcos trasladen la droga desde Colombia hacia el norte.
Esos vínculos llegaron al punto que los narcotraficantes internacionales le empezaron a pagar en droga a los grupos locales, que se dedicaron a vender esa cocaína o a transformarla en piedra de crack, aumentando la demanda interna.
El reportaje cita a la expresidenta Laura Chinchilla, quien mencionó que “el problema ha llegado a casa. Nuestra propia gente está usando drogas y haciendo posible que estos grupos criminales existan”. Chinchilla afirmó que el país sigue trabajando con políticas antidrogas de hace 30 años, lo que se suma a una falta de coordinación regional para atender el problema.
LEA MÁS: ‘Costa Rica sigue siendo el principal punto de transbordo de cocaína’, afirma EE. UU.
‘Nunca habíamos visto algo así'
Para mostrar el impacto de la violencia en las personas de Puntarenas, el artículo se centra en Maribel Sandí, puntarenense de 59 años, vecina del barrio Bellavista de El Roble, donde en enero fue asesinado un joven de 21 años durante una balacera entre dos pandillas, identificado como Bryan Francisco Álvarez Jiménez.
De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), después de las 11:30 p. m. el ofendido viajaba en una motocicleta, cuando al parecer fue atacado a balazos. Al llegar oficiales de la Fuerza Pública al sitio ubicaron el cuerpo con varias heridas en abdomen, tórax, piernas y brazos.
Sandí relató al Washington Post que aquella noche los vecinos salieron después de la balacera. “Había un hombre muerto. Nunca habíamos visto algo así”, afirmó.
“Maribel Sandí recuerda el momento en que su comunidad llegó al punto de inflexión. Era el 22 de marzo de 2021, un lunes por la tarde. Algunos niños habían estado jugando al fútbol cerca. Al borde de la cancha de asfalto en ruinas, encontraron una gran bolsa de basura negra. Adentro había una cabeza humana”, detalla el artículo.
Se trataba de Taylor Jesús Castro Martínez, un joven de 20 años cuyo tronco y extremidades fueron localizados flotando en el estero, al final de la Angostura, cerca de un hotel de la zona.
Sandí afirmó que ya se sabía que los conflictos narco eran un problema de la zona, pero encontrar un cuerpo decapitado se salía de lo ordinario.
Después de lo sucedido, Sandí contactó a Denia Murillo, representante local del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el fin de tomar acciones en el barrio para evitar el avance de la violencia y proteger a los niños.
De esa forma inició una estrategia que consistió en organizar eventos deportivos para los jóvenes, clubes de teatro, entre otras actividades. La embajada estadounidense se involucró a través del programa Sembremos Seguridad.
No obstante, la estrategia perdió fuerza debido a falta de recursos, afirmó Murillo, y la violencia entre pandillas no cesó. Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad, dijo al Washington Post que este Gobierno se centraría en combatir las bandas locales, además de la lucha contra los grupos transnacionales.
Ese enfoque se notó en un Bellavista, donde el Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo con agentes de Fuerza Pública, un helicóptero y el vehículo blindado conocido como “la Bestia”.
Sandí, por su parte, afirmó que la agresiva acción policial no será suficiente si se mantienen el alto desempleo y la falta de oportunidades educativas para los jóvenes, seducidos por los potenciales ingresos del narcotráfico.
“La pandemia de coronavirus golpeó la economía turística de Costa Rica y el desempleo aún ronda el 12%. Los servicios públicos en el país de 5 millones de habitantes se han visto afectados por la llegada de oleadas de migrantes que huyen de un gobierno cada vez más dictatorial en la vecina Nicaragua”, indica el medio estadounidense.
Apenas a unos 10 kilómetros, señala el artículo, los turistas observan los ferries llegar y salir de Puntarenas. A lo largo se observa la Península de Nicoya, sitio usual de vacaciones de celebridades como Mel Gibson, Matt Damon y Tom Brady.
“El problema está concentrado en los barrios, no en las zonas turísticas”, afirmó el jefe de la Fuerza Pública de Puntarenas, Randall Picado.