Diez personas, todas sospechosas de robar combustible mediante tomas ilegales instaladas en los ductos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en Turrialba, Cartago, quedaron libres tras resolución del Juzgado Penal de la zona.
La Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos había solicitado prisión preventiva en contra de los detenidos; sin embargo, el juez ordenó medidas distintas a la prisión preventiva, específicamente el impedimento de salida del país y la firma periódica.
El Ministerio Público informó que ya apeló lo resuelto y está a la espera de que se programe una nueva audiencia en contra de los imputados Palma Fernández, Morales Nájera, Palma Fuentes, Calderón Fallas, Quirós Morales (2), Bermúdez Morales, Calvo Valverde, Segura Nájera y Mejía Palma.
Este caso, conocido como Desconexión, trascendió el pasado 10 de diciembre, cuando autoridades judiciales desplegaron 15 allanamientos en la provincia. Según el OIJ, la pesquisa inició en noviembre de 2023 tras recibir denuncias sobre actividades ilícitas relacionadas con la extracción de combustible. Durante las indagaciones se descubrió que los sospechosos perforaban clandestinamente el poliducto para extraer gasolina, diésel y jet A-1, los cuales posteriormente almacenaban y comercializaban de manera ilegal.
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La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, al conocer lo resuelto por el juez penal, dijo que esta situación deja abierta la posibilidad de que los implicados “vuelvan a atentar contra el poliducto, poniendo en peligro el recurso energético y la seguridad de las comunidades cercanas”.
“No puedo ocultar mi profunda indignación ante la resolución que deja en libertad a diez personas involucradas en el robo de ¢708 millones en dos años. No se necesita ser experta en matemáticas para entender que algo no cuadra. ¿Cómo es posible que, después de dos años de investigación exhaustiva, de trabajo día y noche junto a las autoridades judiciales y policiales, estas personas puedan caminar libres, con la posibilidad de volver a atentar contra un recurso tan crítico como el poliducto? Esto es una burla para toda la ciudadanía”, declaró.
Antecedentes de la denuncia
Recope informó que, en febrero de 2023, presentó una denuncia luego de detectar un aumento alarmante en las tomas ilegales de combustible en diversas comunidades de Turrialba y en los meses siguientes se intervinieron más de 80 tomas ilegales, se decomisaron 15 camiones y miles de litros de combustible sustraído.
“Además, el perjuicio económico es considerable, ya que entre el 2023 y 2024 este se calculó en aproximadamente ₡708,4 millones. Sin embargo, el daño no solo fue económico, ya que estas organizaciones también causaron graves afectaciones ambientales en la zona”, informó la entidad.