La activista y opositora a los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, Sylvia Ziesing, denunció en entrevista con La Nación, este viernes, que fue víctima en Costa Rica de persecución política, seguimientos y amenazas, incluso de muerte, que alcanzaron también a su familia.
Ziesing habló con este diario después de publicar en sus redes sociales, desde donde difunde contenido crítico del Gobierno, que hace seis meses se exilió y obtuvo asilo político en el extranjero.
La activista denunció que funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el servicio de inteligencia adscrito al Ministerio de la Presidencia, la siguieron desde octubre del año pasado.
Cuenta que empezó a notar un carro parqueado afuera de su casa, que se estacionaba por varias horas. A veces permanecía allí toda la noche.
El carro, dependiendo del día, era distinto y cuenta que usualmente tenía uno o dos hombres adentro. Comenzaron a sospechar que se trataba de espionaje porque, en ocasiones, el mismo vehículo se parqueaba en casas de otros activistas y opositores, quienes comenzaron a reportar los seguimientos y las coincidencias.
Ziesing contó a La Nación que, tras notar estos seguimientos, una fuente dentro de la Dirección le habría confirmado a varios opositores del gobierno que la DIS estaba haciendo espionajes.
Este medio publicó en junio del año anterior que otra fuente del Ministerio de la Presidencia, con conocimiento de causa, aseguró que, desde inicios del 2024, dicha policía de inteligencia comenzó a realizar seguimientos a cuatro diputados a los que, meses después, Estados Unidos les revocó la visa.
Ziesing afirmó que, ya conociendo esta información, tuvieron más certeza de que eran objeto de vigilancia.
“Las cosas siguen así y un día nos reunimos varios influencers y varios creadores de contenido. Había una persona que era experto en seguridad y cuando salimos de la reunión nos dice que que si sabemos que un carro nos viene siguiendo”, dijo.
Relató que ella abordó un vehículo con este experto y el hombre hizo una prueba. “El señor hace la maniobra y comprueba que sí, que el carro que está detrás de nosotros desde que llegamos a la reunión, efectivamente nos está siguiendo. Nos esperó, de hecho, porque se metió al parqueo del restaurante donde comimos después de la reunión”, aseveró Ziesing.
La tensión habría aumentado cuando comenzaron las llamadas telefónicas, los mensajes por WhatsApp y los mensajes por redes sociales, en los cuales las amenazas se volvieron personales y cercanas. Recordó que las llamadas provenían normalmente de números colombianos o mexicanos, pero, por el acento, parecía que hablaba un costarricense.
“La vamos a acostar”, dice que escuchaba del otro lado de la línea, acompañado de insultos.
“Me mandan una foto de la casa de mi mamá, amenazando también a mi familia de esa forma. Las cosas empiezan, a partir de ahí, a complicarse”, continuó.
Afirma Ziesing que, en ese tiempo, antes de las elecciones, la fuente dentro de la DIS también habría confirmado que un agente estaba merodeado su casa y, en enero de este año, la mujer cuenta que dos sujetos la habrían interceptado en el centro de Heredia.
“Tenía que entregar unas cosas y cuando estoy esperando a la persona, a la que le tengo que entregar, veo dos tipos. Se me acercan por detrás y me dicen: ‘la vamos a acostar, hijueputa’”, recordó.
La situación se volvió insostenible para ella y su familia y, el día del debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, afirma que fanáticos del chavismo la atacaron a ella y a otros opositores en la entrada del recinto. La Fuerza Pública no intervino, alega.
Aunque interpusieron la denuncia, alerta que no ve avance alguno y por este motivo, no volvieron a acudir por otras situaciones de violencia que vivieron.
Por el contrario, se asesoró con organizaciones no gubernamentales que, tras revisar el caso, le recomendaron abandonar Costa Rica. Desde hace seis meses vive en el extranjero y el país que la acogió le brindó asilo político luego de revisar su caso.
“El gobierno chavista la realidad es que no tiene presos políticos porque el Poder Judicial se ha sostenido. Si el Poder Judicial cae, si logran pasar estas leyes para que sean los propios chavistas los que escojan a los magistrados: ¿Qué garantía de seguridad jurídica tenemos en Costa Rica? Ninguna”, afirmó.