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Una costarricense, buscada por las autoridades mexicanas, dirigía en ese país una red de explotación sexual de la que fueron víctimas dos jóvenes ticas.
Familiares en Costa Rica –quienes pidieron mantener en reserva sus identidades– reconocieron a Keisy Johana González Corrales, de 38 años, por las fotografías que publicaron medios de prensa de México.
La mujer, otrora vecina de Hatillo, en San José, tiene varios años de vivir en ese país, pues en 1998 contrajo matrimonio con un ciudadano mexicano apellidos Sánchez Espinosa.
El procurador general de Justicia del estado de Yucatán (México), José Alonso Guzmán, confirmó a La Nación la existencia de rumores que señalan a González como costarricense.
“No hay certeza porque esa persona sigue en fuga. Lo único que tenemos es la fotografía que nos dio una de las muchachas”, puntualizó Guzmán.
Las jóvenes costarricenses rescatadas por la Policía – Raquel Canales Acevedo, de 25 años y Yoheni Chaves Fonseca, de 22–, aseguran haber llegado a ese país bajo engaño. “Manifestaron haber sido contratadas para trabajar como modelos”, agregó el Procurador.
Encierro. Canales fue la primera en viajar a México, hace casi un mes. Chaves se le unió el 28 de mayo.
El lunes, una patrulla ministerial recorría el norte de la colonia México Oriente, en Yucatán, cuando se topó con la primera de ellas.
De acuerdo con el procurador Guzmán, iba descalza y lloraba. La joven se presentó como costarricense y dijo que en una casa estaba otra tica retenida.
La Policía allanó la casa de seguridad y liberó a Chaves. En el sitio arrestaron a la mexicana Rosa María Casanova May.
En su declaración, la detenida contó que tras el escape de Canales, Keisy González se encolerizó.
“Llegó a la casa y subió a la habitación de Raquel (Canales). Vio la maleta de Yoheni (Chaves) y al revisarla encontró un boleto de avión. Lo rompió y me ordenó encerrar a Yoheni mientras ella salió para ir en busca de Raquel”, consignó el diario mexicano PorEsto.
Las ticas también dijeron a la Fiscalía que la red contaba con la ayuda del delegado de Migración de Yucatán, Hernán Vega Burgos.
El funcionario renunció ayer a su puesto para defenderse de las acusaciones. La embajadora de Costa Rica en México, Gioconda Ubeda, confirmó que el caso dejó de ser un asunto del estado de Yucatán para convertirse en uno Federal (de persecución en todo el territorio mexicano).
En horas de la noche, la embajada tica aguardaba noticias de las costarricenses. “Esperamos verlas en las próximas horas; estaremos tranquilos en cuanto las veamos. Hemos hecho gestiones ante el Instituto Nacional de Migraciones para apresurar los trámites.
“Ellas son víctimas”, insistió la embajadora Ubeda.
Silencio. Las familias de las jóvenes afectadas se mostraron ayer esquivas. Israel Chaves, abuelo de Yoheni, comentó que el padre de la muchacha se molestó al saber de su salida hacia México.
“Mi hijo estaba muy enojado porque ella dejó aquí al chiquito (la joven tiene un bebé). Ella le dijo que el viaje era algo repentino y que era una cuestión que tenía que ver con su trabajo”, explicó el abuelo.
La joven vivía con su madre en Llanos de Santa Lucía, Paraíso de Cartago. La Nación también visitó la casa de Raquel Canales, en San Francisco de Heredia. Una mujer se asomó por la ventana y no respondió los llamados de este medio. Colaboró Álvaro Murillo
