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El Tribunal de Juicio de Goicoechea acordó ayer anular el debate que seguía en contra de dos hombres señalados por las fallas que presentó el nuevo hospital de San Rafael de Alajuela.
Así terminaron tres semanas de debate para Hernando Lazo Valladares (funcionario del consorcio constructor OHL-EE) y el exsubgerente de operaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Israel Moya Rodríguez.
Ellos enfrentaban, entre otros cargos, uno contemplado en la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito.
En concreto, la Fiscalía les achacaba la figura de “fraude de ley”, que castiga con prisión de uno a cinco años a quien “persiga un resultado que no se conforme a las satisfacciones de los fines públicos”.
Inaplicable. Desde el 2004 varias personas –entre estas el exdiputado José Miguel Corrales– pidieron a la Sala Constitucional que examinara la norma.
Esa acción de inconstitucionalidad está en revisión desde agosto del 2005 y la Sala aún no se ha pronunciado, por lo que la normativa era inaplicable.
El representante legal de la empresa constructora, Francisco Castillo, confirmó que el tribunal no pudo llegar a un fallo en vista de que la aplicación de esa Ley está suspendida. “Pediremos la suspensión de las medidas cautelares dictadas contra Hernando Lazo (tiene impedimento de salida del país)”.
El abogado de la Caja, Wílliam Rodríguez, dijo que su representada no comparte la decisión del tribunal. “Acudiremos a los magistrados”, anunció.
