EscucharEl Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José declaró sin lugar todos los recursos de apelación presentados por los representantes legales de la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, y de otros altos mandos de esa entidad, investigados por presuntos sobreprecios en contratos para la operación de 138 Ebáis en el Área Metropolitana.
Así lo comunicó este lunes el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, al informar que mediante la resolución N.° 457-2024, el Tribunal resolvió los recursos de alzada presentados por Esquivel; la gerenta María Gutiérrez Brenes y los directivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas, y Johnny Gómez Pana. Todos fueron suspendidos de sus cargos, el 10 de octubre, durante seis meses, mientras avanzan las pesquisas de caso conocido como “Barrenador”. La medida vencerá el 10 de abril del 2025.
El 23 de setiembre el Ministerio Público ordenó la detención de todos ellos, así como de los exmiembros de la Junta Directiva, Jorge Luis Araya Chaves (del sector patronal), Jorge Porras López (gobierno) y Roberto Quirós Coronado (patronal).
En 28 allanamientos en oficinas de la CCSS, viviendas y centros médicos, la Fiscalía los detuvo para investigarlos por un presunto sobreprecio de hasta ¢12.400 millones por año en la administración de los Ebáis de diez áreas de salud. Los contratos los adjudicaron en una sesión extraordinaria de Junta Directiva, el sábado 6 de julio, a las 8 a. m., por un lapso de 10 años.
A los ocho, el juez les prohibió comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar de cualquier forma a los testigos del caso, así como conocer cualquier situación laboral de los mismos. Además, no podrán conocer ningún asunto relacionado con la licitación bajo pesquisa.
De acuerdo con Sergio Herra, defensor de Zeirith Rojas Cerna, su apelación y la de los otros cuatro defensores de los directores investigados era contra la resolución que ordenaba las medidas cautelares.
También hubo un recurso contra la resolución que ordenó el allanamiento, el cual fue presentado por la abogada que representa a una de las cooperativas. El Tribunal Penal también declaró inadmisible esa apelación en la que se pretendía impedir el acceso a los indicios secuestrados.
Herra afirmó que no comparte la resolución del Tribunal Penal respecto al recurso planteado; sin embargo, la respeta como procede en un Estado de Derecho. “Sabemos que don Zeirith no ha cometido delito alguno, y seguiremos trabajando en su defensa”, puntualizó.
El Tribunal Penal de Hacienda notificó a las partes involucradas y remitirá el expediente al órgano de instancia para continuar con el trámite de la causa, conforme a lo que corresponde.
En esta causa se investigan delitos contra la Hacienda Pública, como lesión a fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricato. Esto se relaciona con la recomendación, emitida el 17 de setiembre, de adjudicar la licitación de 138 Ebáis a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba y Coopesain, así como a la Asociación Médica Asemeco, pese a criterios técnicos que calificaban las ofertas de estas como excesivas.
La tesis del Ministerio Público es que los ocho investigados habrían permitido la firma de un contrato por ¢471.000 millones por un periodo de 10 años con las cuatro cooperativas y la asociación médica para la administración de los 138 Ebáis, sin garantizar la razonabilidad de los precios, como exige la Ley General de Contratación Administrativa.
El desembolso anual de la CCSS habría pasado de ¢29.200 millones, en promedio, a unos ¢53.300 millones, sin representar una mejora en el servicio ni en otros rubros.
