El lunes, TikTok presentará ante un tribunal federal de Estados Unidos sus argumentos en contra de la ley que obliga a sus propietarios chinos a vender la aplicación o enfrentar una prohibición en el país. La compañía argumenta que esta ley es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales.
Desde que el Congreso aprobó la ley en abril, el futuro de TikTok en el mercado estadounidense es un tema central en el debate político. Donald Trump, exmandatario y actual candidato republicano, expresó o su rechazo a una prohibición de la plataforma, pese a que intentó vetarla en 2020. En contraste, el presidente Joe Biden, quien firmó la legislación, da a TikTok hasta enero para dejar de estar bajo control chino.
ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, declaró que no está dispuesta a vender la aplicación, por lo que el proceso judicial representa su última opción para evitar la salida del mercado estadounidense. Una prohibición total de la plataforma podría generar una reacción negativa por parte del gobierno chino y agravar las tensiones entre Estados Unidos y China.
El caso será revisado por tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, quienes evaluarán si la ley viola el derecho a la libertad de expresión. La compañía argumenta que el cierre de TikTok, programado para el 19 de enero de 2025, silenciaría a los 170 millones de usuarios estadounidenses que utilizan la aplicación como un canal único de comunicación.
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Por su parte, el gobierno de Estados Unidos sostiene que la ley no aborda cuestiones de libertad de expresión, sino de seguridad nacional. Según el Departamento de Justicia, TikTok representa una amenaza debido a la capacidad del gobierno chino de acceder a datos de usuarios estadounidenses, así como de influir en el contenido de la plataforma. Aunque ByteDance niega estas acusaciones, el gobierno insiste en que la venta de la aplicación no es una cuestión opcional.
Los jueces emitirán su fallo en las próximas semanas, pero se espera que el caso eventualmente llegue hasta la Corte Suprema, donde el debate entre seguridad nacional y derechos constitucionales será decisivo.
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