La nueva serie documental de Netflix El Programa: Sumisión, sectas y secuestros, narra la historia del Academy at Ivy Ridge, un colegio con sede en Nueva York, Estados Unidos, donde los estudiantes eran sometidos a castigos y torturas. Pese a que estas incidentes se reportaron en otro país, las repercusiones llegaron a Costa Rica, específicamente en la Academia Rancho Dundee, en Orotina, Alajuela.
El 14 de mayo del 2003, periodistas del periódico Al Día se acercaron al centro educativo para investigar sobre una alerta publicada por el diario estadounidense The New York Times, referente a posibles maltratos en las academias vinculadas con la Asociación Mundial de Programas y Escuelas Especiales (WWASPS, por sus siglas en inglés).
Tal como se detalla en los tres episodios de El Programa, que ya está disponible para streaming, estas academias recibían a estudiantes, la mayoría de nacionalidad estadounidense, que tuvieran adicciones o problemas de comportamiento.
Al indagar las circunstancias en el Rancho Dundee, las publicaciones de Al Día desencadenaron una intervención conjunta en las instalaciones del colegio por parte de las autoridades de Migración, Infancia y Salud. Así, descubrieron que algunos estudiantes eran privados de su libertad, ya que no tenían permitido comunicarse con sus familias que vivían en otros países.
A partir de un informe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el mismo periódico reveló que los castigos a los estudiantes constituían maltrato físico y psicológico. Las instalaciones de la academia eran deficientes, los jóvenes sufrían de una mala alimentación e incluso llegaban a ser aislados, y el personal los torturaba hasta reducirlos a la impotencia.
El caso escaló a tal punto que la Fiscalía allanó las instalaciones en dos ocasiones: el martes 20 y el jueves 22 de mayo del 2003. Fue el resultado de una denuncia interpuesta por el PANI y otra presentada por una madre, cuyo hija aparentemente permanecía internada en el colegio en contra de su voluntad.
Entre el 19 y el 29 de mayo del mismo año, 200 menores de edad abandonaron la academia y salieron de Costa Rica; 140 hombres y 60 mujeres fueron reclamados por sus padres y legítimos tutores.
Según se reportó en ese entonces, la mensualidad por la educación de cada uno de los estudiantes estaba fijada en $2.290 mensuales, es decir, la academia generaba ingresos mensuales por $458.000.
Además, según el informe final del Ministerio Salud consultado por Al Día, se determinó que el centro operaba al margen de la ley, sin el aval del PANI para tratar menores o del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para abordar adicciones.
El Rancho Dundee carecía de personal técnico o profesional capacitado para tratar adicciones y tampoco contaba con un programa de atención o rehabilitación para consumidores de drogas.
Juicio por el caso del Rancho Dundee
El 23 de mayo del 2003, la Fiscalía de Atenas detuvo a Narvin Lichfield, dueño de la Academia Rancho Dundee, por la presunta comisión de los delitos de privación de libertad agravada, coacción y delitos internacionales, con infracción a los derechos humanos.
Sin embargo, en agosto del 2011, La Nación informó de que Lichfield fue absuelto, luego de que el juicio en su contra empezara en setiembre del 2006, en los Tribunales de Justicia de Alajuela.
Para el 20 de febrero del 2007, el estadounidense había rechazado los cargos que se le impusieron y dijo que tenía la “conciencia limpia”. Dado que no se pudieron probar los hechos que se le imputaban, los jueces del momento se basaron en el beneficio in dubio pro reo y resolvieron a favor de Lichfield.
Según se menciona en la serie documental de Netflix, Lichfield actualmente trabaja en su propio negocio en Utah, Estados Unidos, y se mantiene activo en redes sociales.