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El papá más fiebre de los cómics quería llevar a su hijo a ver Capitán América: Guerra Civil (2016), pero al llegar al cine se topó con una inesperada sorpresa: su hijo menor de 12 años no podía ingresar a la sala.
La prohibición –que fue aplicada sin excepción a todas las salas de cine – generó la frustración de varios progenitores y puso en aprietos a las exhibidoras y distribuidoras de cine que operan en Costa Rica. Guerra Civil
Desde el 28 de abril, día en que la nueva cinta de Marvel se estrenó en el país, la Comisión de Control y Espectáculos Públicos decretó que la cinta tenía la siguiente calificación: solo para mayores de 12 años.
“Consideramos que la película no es apta para menores de 12 años pues se presentan enfrentamientos de buenos contra buenos, con armas, donde además se destacan sentimientos y motivaciones de venganza, se cometen delitos e incluso se pierden vidas humanas”, resumió Mayra Chaverri, directora ejecutiva de la Comisión.
La semana pasada la calificación aplicada a Guerra Civil fue apelada por la distribuidora Romaly –representante de la cinta en el país–, pero la Comisión contestó el martes con una ratificación de su fallo preliminar.
Luis Carcheri, de Romaly, basó su reclamo en el uso de la patria potestad de los padres, que por ejemplo se puede aplicar en casa a la hora de ver material audioviosual por televisión.
Por tal razón, Romaly solicitó a la Comisión que la clasificación de Guerra Civil cambiara a “apta para menores de 12 años, acompañados por un adulto”.
“Pensamos que es lo correcto. En el cine, el Estado se está tomando la atribución que le correspondería a los progenitores de usar su patria potestad y no no nos parece”, explicó.
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Ante el reclamo de Romaly, la respuesta de la Comisión fue contundente: “la patria potestad se ejerce en el ámbito íntimo. En lo público, el Estado tiene la obligación de hacer un análisis concienzudo del material y decirle a la mamá y al papá lo que sería conveniente que vea un menor”, explicó Chaverri.
Además, Chaverri recordó que las deliberaciones de la Comisión no “son antojadizas”, sino que se basan en el criterio de diferentes profesionales y representantes de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia y el INAMU, entre otras partes.
“Antes del estreno nosotros vemos la película y obtenemos unos datos que luego son confrontados con la opinión y análisis de expertos en el desarrollo psicosocial y sociológico de los niños”, expresó la funcionaria.
“Los padres no saben nada de la película y nosotros por eso la vemos y tenemos la obligación de clasificar lo que se va a ver”, agregó Chaverri.
En lucha. Ante la resolución final de la Comisión, Carcheri advirtió que analizarán la aplicación de nuevas medidas, con el objetivo de que un futuro los criterios de clasificación también.
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Carcheri, quien además de ser la cabeza de Romaly es el vocero de la Cámara de Distribuidores y Exhibidores Cinematográficos (CADEC), recordó que no es la primera película que se ve afectada por esta medida y calificó de “poco prácticas” las consideraciones del ente gubernamental.
“Entendemos el razonamiento de la Comisión pero no estamos de acuerdo, es poco práctico. Existen nueve medios distintos en los que una película de este tipo puede ser vista, el cine es solo uno de ellos”, dijo Carcheri.
“En todos menos en el cine los padres pueden ejercer su patria potestad. La suma de esos ocho es mucho mayor al público que la puede ver en un cine, por lo que se concluye que el 80% del público termina viendo la película en otros espacios”, finalizó.
El periodista Édgar Delgado, que el fin de semana pasado no pudo ingresar con su hijo menor a la función Guerra Civi l en Cinemark, Escazú, acuerpó el criterio de Carcheri.
“Es así, al final yo voy a terminar viendo la cinta con mi hijo en la casa y estará expuesto a ese material todo lo que quiera. Yo creo tener la autoridad para que mis hijos vean, bajo mi supervisión, lo que yo considere en la casa y afuera”, expresó Delgado.
