EscucharPor cada entrada a un concierto que se vende en Costa Rica, casi una tercera parte del precio total corresponde a impuestos y derechos de autor.
Eso significa que, por ejemplo, quienes compraron boletos en zona preferencial para ver a Ricky Martin y Maluma en agosto pasado, pagaron ¢17.000 en cargas impositivas, de los ¢56.000 que valían las entradas.
Eso hace que Costa Rica encabece la lista de los países con mayores impuestos y entradas más costosas a espectáculos públicos en toda Latinoamérica, confirmó Viva tras conversar con los principales productores de conciertos en suelo tico.
“(Costa Rica) es el país latinoamericano con más cargas impositivas, así de simple”, afirma Andrés Guanipa, productor de Move Concerts y quien opera también en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.
Pero, ¿qué hace de Costa Rica el país que más cobra por la organización de conciertos?
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Según una consulta de Viva a varios productores e informaciones facilitadas por periódicos asociados al Grupo de Diarios de América –al que pertenece La Nación–, costear el mantenimiento del Teatro Nacional es el factor que dispara las cargas tributarias para este tipo de espectáculos.
Del valor real de cada tiquete, los consumidores pagan un 13% de impuesto de ventas, un 6% al Teatro Nacional por el llamado Impuesto sobre Espectáculos Públicos (IEP) y un 5% a la municipalidad local, si el concierto se realiza dentro del Gran Área Metropolitana.
Adicionalmente, se carga entre un 5,5% y un 6,5% por derechos de autor, porcentaje que la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) negocia con cada productor.
A excepción del canon que se destina a ACAM, los impuestos municipales y del Teatro Nacional también se cobran a todos los demás espectáculos públicos y “diversiones no gratuitas”, como teatros, cines, circos, salas de juegos electrónicos, salones de patines, tragamonedas, salones de baile y discotecas.
Una de las quejas más frecuentes entre los productores consultados es que deben asumir el pago al Teatro Nacional, a ACAM y a las municipalidades –a excepción de la de San José– por adelantado para obtener los permisos.
Sin embargo, no perciben ninguna ganancia hasta después de la realización de los conciertos, pues el Ministerio de Economía obliga a las tiqueteras a retener la totalidad de la taquilla, en caso de que el evento sea cancelado y se tengan que devolver los dineros de las entradas.
“¿Es esto legal o no? Es una buena pregunta. Si el Estado ya tiene la seguridad de que el dinero esté garantizado, no debería exigir adicionalmente el pago de impuestos”, cuestiona Ernesto Arceyut, de Arceyut Producciones.
Para tramitar los permisos de los conciertos, los productores deben tener suficiente liquidez para realizar los pagos por adelantado del volumen total de entradas que pongan a la venta.
En caso de que no todas se logren colocar, el Teatro Nacional, las municipalidades y ACAM les hacen un reintegro posterior. Empero, este factor hace que la cuesta sea aún más empinada para los productores.
“Es que interpretan la ley como quieren. Yo me acuerdo que antes uno le daba un depósito o una garantía básica al Teatro Nacional y ahora te exigen que les pagués por adelantado un evento que no ha sucedido”, critica Marvin Córdoba, de Marvin Córdoba Producciones.
“El empresario tiene que tener ahora capital para producir y pagar todos los impuestos por adelantado, además del pago al artista”, agrega.
Onerosa conservación
Tras una revisión de los impuestos a los boletos de conciertos en naciones como México, Perú, Colombia, El Salvador y Puerto Rico, Viva pudo constatar que Costa Rica es el único país que carga a los tiquetes de espectáculos públicos un impuesto para mantener un bien del Estado.
Pese a que la Fiscalía de Espectáculos Públicos del Teatro Nacional es el ente designado para la fiscalización, administración y distribución del IEP, dicha instancia no fue capaz de proporcionar a Viva cifras desagregadas sobre la generación de ingresos por conciertos en los últimos años, pues aduce que todos los montos recaudados por todos los espectáculos públicos se computan bajo un mismo código contable.
Sin embargo, la fiscalía aportó montos generales del IEP (que incluyen todos los espectáculos públicos no gratuitos además de los conciertos).
Así, se desprende que hubo un aumento exponencial en los impuestos generados por espectáculos entre el 2012 y el 2015, con una leve disminución el año antepasado.
Según los datos recopilados, la fiscalía del teatro percibió un total de ¢662 millones en el 2012, ¢879 millones en el 2013, casi ¢931 millones en el 2014 y cerca de ¢1.298 millones en el 2015. En el 2016, por su parte, la recaudación fue de ¢1.228 millones.
“La recaudación de este impuesto no solo favorece al Teatro Nacional; irriga a una buena parte del sector cultura”, advierte el director del teatro, Fred Herrera.
Del total del IEP, solo el 50% se destina al Teatro Nacional para actividades exclusivas de mantenimiento de dicho monumento. El resto se distribuye entre la Compañía Nacional de Teatro (30%), el Centro Nacional de la Música (10%) y el Museo de Arte Costarricense (10%).
“Lo que me parece injusto es el pago al Teatro Nacional. Data de 1912 (1920, según el teatro) y básicamente buscaba que en las fiestas patronales y ferias se recaudaran recursos suficientes para restaurar el teatro, pero hasta hoy siguen cobrando el 6% y eso lo paga el público”, argumenta Guanipa, quien calificó este cobro como un “impuesto odioso” que encarece los boletos.
“No hace falta que uno tenga que pagar impuestos a un teatro a ese nivel. Está bien que uno pague y que contribuya, pero no el monto que piden ahorita, porque eso es de una ley viejísima para restaurar el teatro. Pero se restauró, se remodeló y el dinero no sé para dónde va”, coincide el productor Juan Carlos Campos, de la empresa One.
“Que no sea el 6%, sino un 3% porque ya se cumplió el objetivo, pero siempre hay que darle mantenimiento. Eso es válido”, agrega Campos.
Empero, Herrera argumenta que, sin el aporte del IEP, no sería posible mantener el teatro mediante otras partidas del gobierno, pues del presupuesto que se asigna cada año, una tercera parte se destina al pago de salarios.
“Decir que es responsabilidad del Estado y que no se debe cargar al público es algo muy complejo. ¿De dónde saca el Estado sus ingresos? De los impuestos. La otra fuente única además de los impuestos es emitir deuda”, explica.
“El edificio eternamente vive y tiene erosión”, agrega Herrera. “(El Teatro Nacional) necesita eternamente ser reparado”.
Durante el 2017, por ejemplo, se trabajó en la la restauración de la fachada sur (deteriorada por el smoke y cuitas de palomas). Aún están pendientes una serie de arreglos en los sistemas electromecánicos, así como terminar la insonorización de la cúpula.
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Además, entre las mejoras urgentes citadas por el Departamento de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico destaca la incorporación de un sistema contraincendios, que incluye sensores, puertas cortafuegos, una alarma que alerte directamente al Cuerpo de Bomberos y el cambio de proyectores de luz para evitar el sobrecalentamiento de la estructura.
En la actualidad, debido al riesgo inminente que representa el “obsoleto” sistema eléctrico del teatro, cada vez que se realizan funciones en el inmueble, permanece parqueado un camión de Bomberos en las afueras, sobre la avenida segunda.
Se estima que la intervención del inmueble ascenderá a $31,3 millones y, de acuerdo con Herrera, será necesario recurrir a un préstamo con garantía soberana, por lo que a fines del año pasado acudió a la Asamblea Legislativa para hacer la solicitud.
Garantía para autores
Actualmente, Costa Rica se encuentra dentro del promedio de lo que cobran las sociedades de gestión colectiva por derechos de autor en Latinoamérica.
ACAM cobra a los productores de conciertos un porcentaje negociable de la taquilla total, que oscila entre 5% y 6,5%. Esto dependerá de si el productor accede a anunciar a ACAM como patrocinador de su evento, si emite un video promocional de la asociación durante el concierto y si contrata a un telonero nacional adscrito a ACAM.
La mayoría de sociedades de autores y compositores en la región negocian con los productores de los eventos a partir de tarifas establecidas. Por ejemplo, la Unión Peruana de Productores Fonográficos cobra hasta un 7%, mientras que la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD) y la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia establecen un monto del 5% de los boletos vendidos.
Estos porcentajes son incluso menores que lo que se debe pagar en España, donde la Sociedad General de Autores y Editores cobra un 8,5%.
Así, ACAM recaudó en el 2016 ¢322,5 millones por taquillas de conciertos, de un total de ¢966 millones que incluyeron presentaciones musicales en vivo, radiodifusión, televisión, discotecas y bares y restaurantes.
De acuerdo con datos proporcionados por Jimmy Bolaños, director de ACAM, del total recaudado, un 58% favorece a los autores y compositores cuyas obras son interpretadas.
Sin embargo, se espera que para este año ese beneficio ascienda al 63%, pues los costos de operación de ACAM bajarán del 35% al 30%, aseguró Bolaños.
Además, el 7% del dinero se destinan al Fondo Social y Cultural, del que, por ejemplo, el folclorista Lencho Salazar recibe un auxilio económico mes a mes.
Liosa negociación
Manuel Obregón, anterior ministro de Cultura y empresario productor independiente, admitió a Viva que, durante su gestión recibió a colegas productores con la inquietud de buscar medidas para modificar las cargas impositivas que se aplican a los conciertos.
“Lo cierto es que ninguna de las instituciones que están vinculadas a estos impuestos, que en algunos casos son muy antiguos, están dispuestas a ceder. Entonces esto hay que hacerlo por vía legislativa y normalmente eso queda ahí paralizado”, comentó.
De acuerdo con Obregón, las industrias culturales en Costa Rica generan más riquezas que la exportación de productos como café, banano y piña juntos.
Sin embargo, considera que Costa Rica podría incentivar la producción de más conciertos si encontrase la forma de bajar los impuestos y, por ende, abaratar los boletos.
“La suma de todo ya significa prácticamente dejar sin ganancias o con pérdidas a los productores nacionales y también internacionales”, acepta.
“Habría que revisar si esos impuestos se puede reestructurar de otra manera como en otros países, que permita que se agilice la industria de la producción y no se detenga por el pago de impuestos excesivos”, añade Obregón.
En ese sentido, uno de los casos más exitosos en la región es el de Perú. En el 2007, el gobierno eliminó el 15% de impuesto municipal sobre la realización de conciertos y redujo del 30% al 15% el impuesto a la renta, con el fin de promover la realización de espectáculos públicos y hacerlos más accesibles a la población.
“La promulgación de la citada ley definitivamente causó un incremento notorio de la variada oferta musical”, destacó en el 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú.
Desde entonces, Perú es una parada casi obligatoria para los artistas en sus giras por Latinoamérica. “El gobierno entendió y ahora todo el mundo va a Perú. Hace escasamente ocho o nueve años, nadie operaba en Perú porque los impuestos eran demasiado caros”, afirmó Andrés Guanipa.
De igual manera, Colombia redujo del 33% al 10% la contribución parafiscal a los conciertos desde el 2011, al eliminar el llamado “Impuesto al Pobre”, que databa del siglo XIX, confirmó Carlos Solano, subeditor de Cultura y Entretenimiento del diario El Tiempo. Si el valor del tiquete es inferior a los 77.000 pesos colombianos (unos ¢15.000, según el tipo de cambio), queda exento de la contribución parafiscal.
Asimismo, el gobierno colombiano disminuyó del 33% al 8% el impuesto a la renta para los espectáculos de artistas no residentes en el país y eliminó el pago del impuesto de valor agregado (IVA) a los servicios artísticos con sonido, luces y tarimas.
Así, por ejemplo, los boletos más baratos para ver a Ed Sheeran en el 2017 en Perú tenían un valor equivalente a ¢15.000 y los más costosos, a ¢62.000. En Colombia costaban entre ¢29.000 y ¢58.000. Entretanto, en Costa Rica el público pagó desde ¢29.000 y hasta ¢92.000.
Tan solo por la realización de ese concierto, el municipio de Alajuela percibió un ingreso de casi ¢37 millones, según datos revelados por el departamento de Hacienda Municipal.
“Lamentablemente, yo como promotor tengo que aumentar el costo de la entrada (en Costa Rica)”, comentó Guanipa, productor que compró la gira de Sheeran. “Esto hace que convierta mi negocio en algo elitista, lo cual es inmensamente injusto”.
De acuerdo con Guanipa, en varias ocasiones ha preferido saltarse a Costa Rica debido a los excesivos impuestos, aunque prefirió no detallar con cuáles artistas o bandas ocurrió. De hecho, en el año 2014, Move Concerts hizo una pausa para evaluar si era factible seguir operando en el país.
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“Cuando el riesgo es demasiado elevado, preferimos no asumirlo. En Costa Rica no se pueden castigar tan duro los boletos porque la realidad económica no lo permite”, comentó.
Uno de los ejemplos aportados por Guanipa fue el de Bon Jovi, banda que se presentó en setiembre del 2010 en el estadio Ricardo Saprissa.
Las entradas para dicho concierto costaban entre ¢20.000 y ¢80.000, y pese a que se esperaba contar con la asistencia de unos 20.000 espectadores, acudieron apenas unos 14.000, según datos publicados en Viva.
“Todo el mundo quería ir a ver a Bon Jovi, pero la gente asumió los boletos como muy costosos. Tuvimos que poner las entradas muy caras y la gente no respondió. Ese fue un ejemplo lapidario”, rememora Guanipa.
Lo mismo sucedió para el empresario Don Stockwell, de RPMTV, quien asegura que Lady Gaga es la artista más cara que ha pagado hasta ahora. Empero, estima que al concierto del 2012 en el Estadio Nacional acudieron tan solo unas 17.000 personas.
“Amo lo que hago y amo el negocio, pero sí me gustaría tener más apoyo del Gobierno en la parte tributaria y en patrocinios, para no solo poder expandir la cantidad y calidad de shows, sino mejorar los precios para el consumidor. Al final, mucha gente no va a estos eventos porque no tienen el presupuesto por los precios que cobramos”, admite Stockwell.
