La división territorial debe guiarse por criterios de racionalidad administrativa, no rivalidades regionales, aspiraciones políticas o prejuicios localistas. En 1980, el país tenía 81 cantones, pero, a partir del 2017, la Asamblea Legislativa creó otros tres, aprobó uno en primer debate y tiene seis en consideración. En poco tiempo, nuestro pequeño territorio podría fragmentarse en 91 cantones, y no hay razón para creer que ese sería el fin del crecimiento por mitosis.
La principal justificación, en casi todos los casos, es la distancia entre el nuevo cantón y su cabecera administrativa actual. A estas alturas del siglo XXI y en un país de nuestras dimensiones, el argumento apenas alcanza para exigir el perfeccionamiento del gobierno digital, no solo con el objeto de acercar a las comunidades a las cabeceras de cantón, sino también a la administración central. Como complemento, es mucho más barato crear centros de tramitación ubicados con sentido estratégico.
Pero el argumento de la distancia también cae por su propio peso en casos como el de Colorado, cuya creación está en espera de segundo debate. Apenas se ubica a 24 kilómetros de Las Juntas, su actual cabecera de cantón, y no supera los 5.000 habitantes. En proyecto está San Rafael de Alajuela, posible cantón de Ojo de Agua, desde hace décadas integrado a la Gran Área Metropolitana, con pleno acceso a las mejores vías y medios de telecomunicación.
El fraccionamiento territorial implica duplicación de funciones y dispersión de ingresos. En los cantones con menos población, probablemente conduzca al deterioro de servicios y el debilitamiento de los controles asignados por ley a los gobiernos locales, como la administración de patentes y la concesión de permisos de construcción.
No obstante, hay consecuencias menos obvias para el cuerpo político en su totalidad. Las diminutas comunidades resultantes son el escenario ideal para la política personalista, el caudillismo, el clientelismo y el aventurerismo, todos aptos para atizar la atomización de las fuerzas políticas y debilitar el régimen de partidos, necesario para vivir en democracia.
Aunque se aprobaran los nuevos requisitos de adhesiones propuestos por el Tribunal Supremos de Elecciones para fundar un partido, las firmas necesarias en un cantón de 5.000 habitantes caben en una servilleta, y con un optimista 60 % de abstencionismo, alcaldes y regidores podrían elegirse con la venia de los entusiastas del fútbol aficionado, el club de orquídeas u organizaciones menos apreciables.
Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.
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