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Tiene cuatro décadas de vida y tres de ganar peso sin detenerse. Desde quenació en 1975, el incentivo de la prohibición suma 30 modificaciones, en las cuales se incluyeronnuevos beneficiarios o se incrementó el porcentaje a pagar. Todo con cargo al Presupuesto Nacional.
Este sobresueldo para exigir a los empleados su exclusividad laboral,le cuesta hoy al Estado¢66.000 millones. El mismo se creó por ley en el gobierno de Daniel Oduber (1974-1978).
La últimaentidad en reclamarlo fue la Defensoría de los Habitantes, que en 1997 pidió a los diputados una ley para aplicarlo.Otras instituciones agregaron personal al punto de que hoy el pluscubrea8.143 servidores, 8%de la planilladel Gobierno Central. Su última modificación ocurrió en 2004.
Frenar fugas. La propuesta inicial llegó al Congreso, de la mano del entonces ministro de Hacienda, Porfirio Morera, quien buscaba unasolución para impedir que profesionales y personal técnico especializado enadministración y fiscalización tributaria migrara hacia la empresa privada.
Adujo, además,que el plan no era novedoso, pues ya los empleados de la Contraloría General de la República disfrutaban de ese plusdesde 1974.
Probablemente, elresponsable de las finanzas públicas de aquel momento, no se imaginó que su propuesta estaba abriendo un portillo que, tres décadas después, sería un dolor de cabeza para quien ocupara su silla.
La idea deconvertirlo en leyempezó a ganar adeptos no solo para incluir a los empleados de Hacienda, sino a los abogados.
Algunos diputadosalegaron que la administraciónenfrentaba “una enorme dificultad” para contratar y retener a profesionales en Derecho,debido a que en el Poder Judicial les pagaba un sobresueldo del 45%.
La normase aprobóen diciembre de 1975. Seestableció un 30% sobre el salario base para los licenciados, 25% para los egresados de licenciatura, 20% para los decuarto año de carrera y 15% para los de tercer año.
Un año después, la ley, en noviembre de 1976,se reformó para incluir a los geólogos delPoderEjecutivo. A estos les siguió personal de la Oficina de Normas y Unidades de Medida y el Laboratorio Químico del Ministerio de Economía, luego alos profesionales en Ciencias Médicas del Ministerio de Salud, seguidos porlos registradores de Tributación Directa y un largoetcétera.
En 1985, mediante una norma presupuestaria, y sinjustificación técnica, se adicionó un artículo que aumentaba los porcentajes a pagar. Esto le concedió 30% sobre el salario base a los bachilleres, 45% a los egresados de licenciatura y 65% a los licenciados, lo cual rige hasta la fecha.
