Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/IJZDUZU3FBESNJO2IVFIAWBM4I.jpg)
Empleados de una funeraria cargaron el féretro de una víctima de covid-19 para llevarlo al cementerio La Verbena, en Ciudad de Guatemala, el 20 de junio del 2020. (JOHAN ORDONEZ/AFP)
Ciudad de Guatemala y Panamá. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, amplió este jueves por otros 30 días el estado de calamidad en el país, que limita derechos ciudadanos, tras un repunte de casos del nuevo coronavirus que suma cerca de 15.000 contagios y 601 muertos.
“A la fecha aumenta la propagación de covid-19 y sus consecuencias”, señaló el acuerdo de prórroga publicado en el Diario de Centro América (gaceta oficial).
La medida limita libertades de locomoción y organización como manifestaciones, y está vigente desde principios de marzo, unos días antes de que se detectara el primer caso del virus en Guatemala.
Además, prohíbe las concentraciones de personas, espectáculos públicos y reuniones que representen un riesgo de contagio, entre otras disposiciones.
La nueva ampliación del estado de calamidad debe pasar por el Congreso para su ratificación.
Tras el primer contagio de covid-19 en Guatemala, el 13 de marzo, el país centroamericano registra 14.819 casos, con 601 muertos y 2.930 recuperados.
Giammattei también implementó desde marzo un toque de queda parcial, prohibió el transporte de pasajeros, cerró las fronteras a extranjeros y recientemente aplicó la circulación según la terminación de la matrícula del vehículo en los cuatro departamentos más golpeados por el virus, entre ellas la capital.
El gobierno ordenó además el cierre de los centros comerciales, pero ha permitido la operación de la industria y otros negocios que apliquen medidas sanitarias y de distanciamiento social.
Durante la pandemia, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la oposición política ha denunciado la saturación de los hospitales para pacientes con el virus, y también la carencia de equipo de seguridad para el personal sanitario.
Sacudón en Panamá
En en el otro extremo de América Central, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, destituyó el miércoles a tres ministros, en medio de escándalos y asediado por la crisis de la covid-19, en el segundo país con más muertos y mayor cantidad de contagiados de Centroamérica por la pandemia.
El mandatario, quien el 1.° de julio cumple su primer año de gobierno, reemplazó a la ministra de Salud, Rosario Turner, por el viceministro de esa cartera, Luis Francisco Sucre.
El despido de Turner se produjo en momentos en que Panamá, de 4 millones de habitantes, acumula 547 muertos y más de 28.000 contagiados por la pandemia.
"La gestión de la actual crisis sanitaria que enfrenta el país demanda de nuestro gobierno la adopción de medidas excepcionales. Han sido y son tiempos difíciles", dijo Cortizo en cadena nacional.
El mandatario sustituyó además a la ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, y a la de Vivienda y Desarrollo Territorial, Inés Samudio.
La destitución de Turner causó sorpresa incluso en parte de su equipo, aunque los medios locales habían especulado con su renuncia y la de otros ministros por posibles discrepancias en el manejo de la crisis.
“El gobierno ha sufrido un desgaste muy fuerte por la pandemia de covid, con las denuncias que le han hecho, con las explicaciones que ha tenido que hacer y con las protestas en medio de la pandemia”, indicó el director del periódico Metro Libre, James Aparicio.
La renovación se debe más a “intrigas palaciegas que a modificaciones para lograr objetivos específicos, el problema es que los platos rotos de esas intrigas las está pagando el país”, argumentó el analista político y director de noticias de Radio Panamá, Edwin Cabrera.
Panamá presenta la segunda mayor cantidad de muertos y el número más alto de contagios de América Central. El país ha pasado de tener un promedio de 200 nuevos contagios diarios a más de 700 en la actualidad.
Ese aumento se da en un contexto de reactivación gradual de varios sectores económicos como la construcción, minería no metálica, industria, comercio electrónico y la reapertura de talleres, tiendas de repuestos y servicios técnicos.
El gobierno, que pronostica una contracción económica de por lo menos 2% para este año por el impacto de la covid-19, busca así aliviar una crisis que ha cobrado decenas de miles de empleos, pese a millonarios préstamos de organismos internacionales.
Cortizo ha tratado también aplacar la situación con la entrega de 1,5 millones de bonos por $80 y bolsas de comida, pero sus críticos consideran que las ayudas no son suficientes.
