Ciudad de Guatemala. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es una entidad considerada clave en el avance de diversas investigaciones sobre corrupción en el país centroamericano, las cuales han alcanzado a las más altas autoridades, incluido un expresidente que se encuentra en prisión.

Tras operar por más de una década, el gobierno del presidente Jimmy Morales anunció el lunes que decidió finalizar de forma inmediata el acuerdo por el que se creó y funciona la Cicig tras considerar que se extralimitó en sus funciones.

¿Cuándo se creó la Cicig?

Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron el 12 de diciembre de 2006 un acuerdo relativo a la instalación en el país de una Comisión Internacional Contra la Impunidad. La misión inició sus actividades en el 2007. El mandato de la Cicig debe ser ratificado por el gobierno cada dos años. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales anunció en e 2018 que el trabajo de la Comisión finalizaría en setiembre de 2019, pues ya no renovaría más su mandato tras varias tensiones con la entidad.

¿Cuál es el mandato de la Cicig?

El acuerdo bilateral establece como objetivos de la Cicig apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal para identificar y desarticular grupos ilegales.

Como parte de eso, podía investigar fuentes irregulares de financiamiento y desarticular junto a la Fiscalía organizaciones criminales que operan en el país con la ayuda de agentes del Estado, además de recomendar a las autoridades políticas públicas. También tenía la posibilidad de realizar denuncias contra empleados públicos que en el ejercicio de su cargo cometieran delitos.

¿Cuáles son algunos casos relevantes por la acción de la Cicig?

Entre los principales casos que la Comisión ha llevado a cabo, junto a la Fiscalía, está la investigación y detención del presidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en el 2015 luego de que los investigadores lo señalaron como parte de una millonaria defraudación aduanera y otros delitos de corrupción. Junto a Pérez Molina renunció la vicepresidenta Roxana Baldetti, también salpicada por este caso, conocido como “La Línea”. Pérez Molina y Baldetti están detenidos esperando su juicio.

Baldetti, por otro lado, fue condenada a 15 años de cárcel, en octubre del 2018, por un fraude al Estado en la concesión de un contrato para descontaminar el lago de Amatitlán. La Cicig jugó un papel clave en apoyar la investigación de la Fiscalía.

Por una investigación de la Cicig y de la Fiscalía, la Policía detuvo en enero del 2017 a un hijo y un hermano del presidente Jimmy Morales por haber presentado documentos y facturas falsas para la compra de canastas navideñas de una entidad pública, las cuales se pagaron, pero no se entregaron. Actualmente ambos están siendo juzgados en libertad.

La Comisión también ha investigado a particulares, empresarios, políticos y jueces acusados de corrupción.

¿Cuándo y por qué empezaron las tensiones entre el gobierno y la Cicig?

Tras haber acusado a sus familiares, la Cicig y la Fiscalía denunciaron en agosto del 2017 al mandatario Morales por presuntamente haber ocultado información sobre el financiamiento del partido que lo llevó al poder en el 2015, pero el Congreso rehusó retirarle la inmunidad.

En el 2018, la Comisión y la Fiscalía formularon nuevas acusaciones contra el presidente Morales, esta vez por financiamiento electoral ilícito que grandes empresarios del país realizaron a su campaña política que lo llevó a gobierno, sin que este lo hubiera reportado al ente electoral. El mandatario ha negado cualquier ilegalidad y ha acusado a la Cicig de extralimitarse en sus funciones.

La Cicig ha rechazado las acusaciones del gobierno de Guatemala y ha recibido el respaldo del mismo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien el lunes consideró que la Comisión he hecho una “importante contribución” al combate a la impunidad en ese país.