El Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca) fundamentó en mentiras una campaña que lanzó en redes sociales contra los diputados.
En su perfil en Facebook, el gremio publicó dos videos para atacar a los legisladores que critican los sueldos públicos y que impulsan reformas para regular los incentivos salariales en el Estado. Los cortos intentan comparar condiciones de los médicos con las de los congresistas.
En uno de ellos, de poco más de 30 segundos, el sindicato dice que mientras un doctor tarda más de 30 años en pensionarse, los diputados se jubilan en solo cuatro años de labor.
En el otro, afirman que para ser médico es necesario estudiar más de seis años y para especializarse entre cuatro y ocho años más, pero que para ser legislador es requisito ser “sociópata”, es decir, tener una afección mental que provoque un patrón de manipulación, explotación o violación de los derechos de las otras personas.
Ambas afirmaciones son falsas. Primero, la ley que permitía a los congresistas jubilarse al cabo de cuatro años, tras su paso por la Asamblea Legislativa, fue derogada hace 20 años, en 1996. Y, segundo, evidentemente la Constitución Política no incluye, entre los requisitos para ser diputado, padecer alguna patología.
El secretario general de Siprocimeca, Guillermo Azofeifa, reconoció este martes que hubo una equivocación en la “edición” de los cortos, pero se la achacó a la periodista del Sindicato y a la agencia de publicidad que se contrató para hacerlos.
“A veces los que editan los videos se equivocan. Nosotros hemos investigado y nos hemos damos cuenta que los diputados se pensionan igual que cualquier trabajador”, alegó Azofeifa.
El líder sindical también aceptó que fue incorrecto incluir el término sociópata, ya que se pudieron herir susceptibilidades: “No es nuestra política el ofender a nadie, por ejemplo, yo soy médico y decirle sociópata a alguien, aunque no es específico, sino en general, no es correcto”.
Azofeifa añadió que los dos errores fueron parte de las razones por las cuales, el viernes pasado, el Comité Ejecutivo Nacional de Siprocimeca tomó el acuerdo de retirar los videos de su perfil en Facebook, medida que no impide su divulgación, pues todavía aparecen en otros perfiles de la red social.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que se estuviese engañando a la gente con este tipo de información errónea, alegó: “Si por eso nos guiáramos también los diputados han dicho muchas cosas faltas del sector salud, que los médicos tenemos la culpa de la crisis que tiene la Caja, que en primer lugar, no hay crisis y en segundo lugar, la culpa la tiene la administración, la gerencia, la junta directiva, las políticas mismas de la Caja y algunos de los diputados".
¿Entonces si unos mienten todos pueden hacerlo? “No, para nada, simplemente fue una decisión que se dio en junta directiva de Siprocimeca y usted sabe que nosotros tenemos una periodista que es en quien nosotros confiamos y toda la cosa…”, respondió.
Los dos cortos, donde aparecen caricaturas parecidas a los diputados Sandra Piszk y Mario Redondo, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Alianza Demócrata Cristiana (ADC), forman parte de la ofensiva que lanzó el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), del cual forma parte Siprocimeca, hace unos 15 días.
Este sindicato agrupa a médicos, odontólogos, microbiólogos, farmacéuticos y psicólogos que trabajan para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e instituciones afines.
La congresista del Frente Amplio, Ligia Fallas, quien forma parte del Bussco, negó tener conocimiento sobre el contenido de esos videos: “No los he visto, tampoco he podido ver comentarios que se hayan hecho, entonces no podría darle un opinión al respecto, de corazón se lo digo”.
Censura.
Piszk ve con preocupación este tipo de propaganda, pues teme que se trate de una campaña de amedrentamiento para que el Congreso no entre a discutir ningún proyecto de ley que regule los incentivos salariales en el Estado o que toque el empleo público.
“Nosotros tenemos el deber de continuar con nuestro trabajo y desmentir las publicaciones que son falsas con documentos, y no aceptar que se nos limite la posibilidad de discutir el tema. Aquí lo que pretenden es que ni tan siquiera discutamos, porque la amenaza es que, si lo discuten, nos vamos a la calle. Una persona que pretenda que en una Asamblea Legislativa de un país democrático no se discutan las cosas, no conoce realmente el sentido de la democracia”, declaró la liberacionista.
Piszk añadió que es falso que los diputados reciban una pensión de ¢4 millones como se dice en uno de los videos. Argumenta que, con una reforma de 1992, eso se eliminó y, en la actualidad, no hay distinciones entre los diputados y el resto de empleados públicos. La mayoría de legisladores se debe pensionar por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), donde las pensiones tienen un tope de ¢1,5 millones y ¢2,5 millones si la persona sigue trabajando después de cumplir la edad de jubilación.
“Todo funcionario independiente de su rango se pensiona en las mismas condiciones del resto. Solo se exceptúa a los expresidentes y a los funcionarios del Poder Judicial. Los proyectos recientemente aprobados estaban dirigidos a pensiones de lujo (para recortarlas), que habían quedado activas en razón de derechos adquiridos antes del 92”, expresó la verdiblanca.
En la actualidad, en el seno de la Asamblea se discute un proyecto de ley (el 19.923) para regular una serie de pluses salariales en todo el sector público y que, por ende, afectaría a los trabajadores de la Caja. En ese texto, entre otros cambios, se establece:
-Anualidad. El incentivo de anualidad, por desempeño, no podría ser superior al 1,94% del salario base. Hoy, en la CCSS este se define según el índice salarial. Además, se deberían incluir metas e indicadores cuantitativos en la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, de los cuales dependería el pago de la anualidad.
-Tope a salarios. El salario de los funcionarios públicos y de los jerarcas del Estado no podrá superar los ¢5.217.000. En la Caja hay salarios que superan ese monto; por ejemplo, unos 300 médicos ganan más de ¢7 millones.
-Un aumento al año. Los salarios públicos aumentarán una vez al año de acuerdo con el alza porcentual en el índice de precios al consumidor. En la actualidad se otorgan dos incrementos.
-Convenciones colectivas. Las convenciones colectivas deberán de renegociarse dentro de los nueve meses posteriores a su vencimiento, de lo contrario el acuerdo laboral cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de negociación.
-Cesantía. La cesantía para todos los funcionarios públicos será de 8 años como máximo (el equivalente a ocho salarios). La CCSS acaba de subir el tope a 20 años.
-Peridiocidad. Las instituciones públicas deberían pagar los salarios de manera quincenal y no bisemanal.
-Dedicación exclusiva. La dedicación exclusiva solo se otorgaría a los funcionarios cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución. No podría ser superior al 50% del salario, hoy es de hasta un 55% en la Caja. Solo se podría aplicar de forma anual y no constituirían un derecho adquirido.
-Disponibilidad. El porcentaje de empleados que reciban el pago por disponibilidad no podría superar el 20%. La compensación no puede ser superior al 15% del salario base. En la CCSS, ese pago actualmente oscila entre el 5% y el 50% del salario.
-Ascensos. Un funcionario público solo podrá ser ascendido de puesto si obtuvo la calificación máxima de la evaluación de desempeño, de manera continua durante los últimos tres años.