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Bucarest
Rumanía vivía este miércoles nuevas turbulencias políticas tras una controvertida decisión del gobierno de suavizar la legislación anticorrupción, que provocó preocupación en Bruselas y una ola de protestas en el país.
La adopción por sorpresa, a última hora del martes, de un decreto urgente que podría proteger a los políticos de algunas acciones judiciales hizo salir a la calle a miles de rumanos en plena noche.
La movilización continuó el miércoles para denunciar una revisión penal considerada por sus detractores como hecha a medida para diputados y otros representantes del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD).
El texto despenaliza varias infracciones y castiga el abuso de poder, un cargo frecuente en el país, con penas de cárcel solo si provoca un prejuicio superior a los 44.000 euros.
Debería, entre otros, permitir al líder del PSD, Liviu Dragnea, escapar al principal cargo que se le imputa en un juicio por empleos ficticios que comenzó el martes. Dragnea aspiraba al puesto de primer ministro pero tuvo que renunciar a ello debido a una condena de dos años por fraude electoral.
La Comisión Europea expresó su "gran preocupación" ante estos cambios, adoptados sin pasar por el parlamento, y advirtió contra cualquier "regresión" en materia de lucha contra la corrupción.
En Bucarest, cerca de un millar de personas se volvió a congregar durante la mañana ante la sede del gobierno y nuevas manifestaciones estaban previstas para la tarde.
"Estoy indignada. El PSD ganó las elecciones (del 11 de diciembre) pero eso no quiere decir que pueda modificar el código penal de noche y a escondidas", decía una manifestante, Gabriela State, de 46 años.
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"Hay que defender la democracia, no podemos dejarles que hagan lo que quieran", agregaba Jan, un joven empresario.
El PSD se enfrenta así a una nueva crisis política después de haber tenido que dejar el poder a finales de 2015 por la presión de la calle, a raíz de un dramático incendio en una discoteca de Bucarest.
Tras un año de un gobierno de tecnócratas, el partido volvió con fuerza en las legislativas de diciembre y comenzó una legislatura marcada por la tensión con el presidente de centroderecha Klaus Iohannis.
La tensión creció cuando el gobierno presentó su proyecto de reforma penal hace unos diez días.
El miércoles por la mañana, Iohannis tildó el decreto de "escandaloso" e "inaceptable" en una comparecencia ante el Consejo Superior de la Magistratura (CSM).
Llamó a sus miembros a apelar al Tribunal Constitucional para intentar remediar una "grave violación de la independencia de la justicia" dado que el gobierno adoptó el decreto sin esperar la opinión del CSM como exige la ley.
El gobierno sometió además al parlamento un proyecto de amnistía para unos 2.500 presos con penas de hasta cinco años de cárcel que podría beneficiar a varios políticos condenados.
El Ejecutivo, silencioso hasta el martes por la noche, afirmó querer descongestionar las prisiones y adaptarse a una decisión del Tribunal Constitucional que en 2016 invalidó unos 60 artículos del código penal.
