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Caracas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó militarizar el estado de Táchira luego de que subiera a 43 el número de muertos en protestas opositoras, una agudización de la crisis que abordó este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU.
Con el fallecimiento de un joven de 15 años, las movilizaciones contra Maduro registradas entre febrero y mayo de 2017 se convirtieron en las más trágicas de los años recientes en Venezuela.
Entre martes y miércoles, decenas de comercios fueron saqueados y dos estaciones de policía y un destacamento militar atacados con bombas incendiarias en Táchira (frontera oeste con Colombia), donde muchos negocios permanecían cerrados por temor a nuevos actos vandálicos.
"He ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", anunció el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Focos de violencia también ocurren en otras ciudades y localidades como Maracay (norte) -donde supuestamente hay seis heridos de bala- y en San Antonio de Los Altos, periferia de Caracas.
Acciones subversivas. "No son manifestaciones. Es un accionar subversivo para desestabilizar al gobierno (...), que está rayando en la fase de insurgencia armada", dijo Padrino López. Y advirtió a los opositores: "No se equivoquen porque ya estamos cansados".
El presidente del Parlamento, de mayoría opositora, Julio Borges, rechazó la medida y pidió a la Fuerza Armada "ponerse del lado del pueblo y no dejarse utilizar por Maduro".
"La dictadura pretende militarizar Táchira. La mejor forma de responder será la presión y la calle en el resto del país", agregó el vicepresidente legislativo Freddy Guevara.
Las protestas tienen como combustible un grave deterioro económico y social en el país petrolero, con severa escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y una criminalidad desbordada.
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Médicos, enfermeras y otros especialistas marcharon este miércoles en Caracas, pero no lograron llegar al Ministerio de Salud porque sus pares chavistas hicieron un acto en el centro. "Apoyamos a Maduro contra el ataque fascista de la oposición", dijo Ángel Castillo, empleado de un programa oficialista.
Con sus batas blancas, médicos y enfermeras, así como otros empleados de la salud, seguidores de la oposición, marcharon coreando: "¡No queremos armas, queremos medicinas!".
"Tanquetas no, ambulancias sí", "Menos bombas, más medicinas", rezaban pancartas de los manifestantes, criticando el uso de gases lacrimógenos y vehículos blindados contra las marchas opositoras.
Los manifestantes entregaron a un enviado del Ministerio de Salud, en el punto donde la policía los bloqueó, un documento donde exigen solución a la grave crisis sanitaria y la apertura de un canal humanitario.
"La escasez de medicamentos llega a casi el 90%. Es una situación catastrófica en la salud", dijo Francisco Valencia, presidente de una ONG que asesora a pacientes.
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Hace una semana, Antonieta Caporale fue cesada como ministra de Salud tras divulgar cifras según las cuales la mortalidad infantil aumentó 30,12% en 2016 y la materna 65%, mientras repuntan enfermedades antes erradicadas como la malaria.
En memoria de los fallecidos en las protestas, los opositores comenzaron a concentrarse con velas en dos centros comerciales del este y oeste de Caracas, un desafío a la inseguridad en un país con 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, ocho veces mayor al promedio mundial.
Al tildar esa protesta de luces como "simbología fascista", Maduro reiteró el martes su acusación contra la oposición sobre un "plan golpista" orquestado por Washington y denunció una "campaña de persecución".
"Somos los nuevos judíos del Siglo XXI", dijo Maduro, lo cual fue rechazado este miércoles por la comunidad judía en Venezuela por considerlo una "banalización" de un hecho "único e incomparable".
La oposición exige elecciones generales y rechaza una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, por considerarla un "fraude" con el cual busca perpetuarse en el poder.
Maduro, cuya gestión rechazan 70% de venezolanos según encuestas, asegura que la Constituyente traerá paz y prometió que en 2018 habrá elecciones presidenciales, pero no generales.
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Las protestas dejan unos 700 detenidos, de ellos 159 presos por orden de tribunales militares, según la ONG Foro Penal.
Alarma internacional. La situación de Venezuela prendió las alarmas en la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU abordó este miércoles la crisis, a petición de Estados Unidos.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, advirtió que Venezuela podría seguir el camino de países como Siria si la inestabilidad sigue creciendo y no se respetan los derechos humanos.
Venezuela aseguró que el debate sobre su crisis en el Consejo de Seguridad puso al descubierto un "plan de intervención" de Estados Unidos en su contra.
"Ha quedado en evidencia el plan de intervención contra Venezuela dirigido por Estados Unidos. Países se lo dijeron claro y alto: Venezuela no es tema (en Naciones Unidas)", señaló en Twitter la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.
Rodríguez afirmó que Estados Unidos, al que considera "principal causante de la violencia letal y el hambre en el mundo", no puede dar lecciones a su país.
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"Fracaso de EE. UU. y la oposición fascista venezolana en el Consejo Seguridad de la ONU", agregó la canciller en la red social.
"Venezuela resolverá sus problemas internos. No aceptamos injerencia ni tutelaje" de Estados Unidos, aseguró por su parte a periodistas el embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez.
Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) tratarán la crisis el 31 de mayo. El líder opositor Henrique Capriles anunció que se reunirá el viernes con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
