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El 2022 será el año en que Costa Rica comenzará a sentir el impacto del envejecimiento de su población en edad productiva.
A partir de entonces, cuando se acabe esa ventaja que significa contar con una amplia base de contribuyentes a la economía, serán cada vez más las personas que demanden servicios de salud y pensión de parte del Estado.
Tales demandas de servicios se conocen como “cuentas nacionales de transferencias”, las cuales se irán haciendo más grandes conforme los miembros de la fuerza productiva del país se vayan convirtiendo en adultos mayores.
El hecho de que al país le queden solo ocho años de bonanza poblacional –conocida como bono demográfico– impone la necesidad de hacer cambios urgentes, no solo para aprovechar lo que queda de ese beneficio (presente desde la década de los 70), sino también para enfrentar el envejecimiento de su población.
Así lo concluyen diversos estudios liderados por Luis Rosero, investigador del Centro Centroamericano de Población (CCP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyos análisis y proyecciones son respaldados por entes como el Programa Estado de la Nación y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Lo más fácil es no hacer nada y que los servicios públicos se deterioren por la propia demanda”, sentenció Rosero en días recientes.
El experto enciende las luces de alerta pues ocho años significan dos gobiernos y, sin importar quién esté en el poder, se deberán plantear profundas reformas.
Contra el reloj. El bono demográfico tiene que ver con los cambios en la estructura de edades de la población (envejecimiento) y su repercusión en diversos campos, especialmente en las finanzas públicas.
Contrario lo que se pensaría, el bono se da por la caída en la natalidad y no por baja en la mortalidad.
En 1960, solo el 3% de los habitantes el país (12.000 personas) eran adultos mayores. Mientras, se estima que para el 2060 ese grupo representará el 25% (1,5 millones de una población estimada de 6 millones).
Aunque faltan varias décadas para que se concrete este último escenario, lo que ocurre en el presente debería preocupar a las autoridades si se toma en cuenta que en el 2022 inicia la reversión de la situación actual, es decir, comienza el antibono demográfico.
Antes de ese año, el país debería hacer variaciones en las contribuciones para las pensiones y en la edad de retiro. Además, es urgente un remozamiento del sistema de salud pública, dicen los análisis.
En el caso de las jubilaciones, cada vez más gente gozará de ella, pero habrá menos cotizantes.
Al respecto, Édgar Robles, superintendente de Pensiones, ya ha advertido sobre las debilidades que presenta el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
En cuanto a la salud, el incremento en las enfermedades crónicas (como cáncer) obligará a mayor inversión, pues los tratamientos serán más costosos para el Estado.
El campo educativo es el que registra más aciertos, pero se sugieren reformas. Lo positivo fue el cambio que obliga al Estado a darle a la educación el equivalente al 8% del producto interno bruno (PIB).
Lo malo fue que el país no pudo recuperar a la “generación perdida” de los 80, aquella que tuvo que abandonar los estudios por la crisis económica y que, en su mayoría, quedó atrapada en la pobreza.
Al respecto, Miguel Gutiérrez Saxe, director del Estado de la Nación, apunta: “Deberíamos estar recuperando ese potencial que nos da el bono demográfico, que sería recuperando la población que se quedó sin educación”.
Uno de los retos más próximos está en lo fiscal, pues en ese campo el bono demográfico se agotará justo este año, indicó Rosero. Es decir, comenzará a bajar el número de contribuyentes debido a la vejez.
