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La fracción legislativa del PLN logró que la Presidencia de la República investigue si hay casos de persecución política contra liberacionistas en mandos medios del Gobierno.
El ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, se reunió ayer con el jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez Succar, para analizar la denuncia y tomar acciones al respecto.
Jiménez afirmó que se trata de una veintena de funcionarios, quienes son hostigados por su preferencia política y ven en peligro su permanencia en mandos medios, de al menos, cinco instituciones estatales.
Según el verdiblanco, se trata de puestos en direcciones y gerencias en los ministerios de Agricultura (MAG), Educación Pública (MEP) y de Obras Públicas y Transportes (MOPT), además de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) así como del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, afirmó que darán prioridad a la queja y analizarán los casos con las autoridades respectivas, sin que esto implique la interrupción de acciones disciplinarias o investigaciones de órganos administrativos que estén llevando casos.
“El Gobierno de la República no va a tolerar ningún tipo de persecución tal y como se planteó”, afirmó Soley.
Para los verdiblancos, la eventual persecución se explica en el cambio de puestos de jefes que llegaron con el nuevo gobierno.
“Eran puestos políticos. Algunos en propiedad. En el caso de los del IMAS, por ejemplo, los nombramientos finalizaban en el 2017 y los acosaron, de tal forma, que volvieron a sus puestos en propiedad”, dijo Jiménez.
Presupuesto y palanca. La queja de los liberacionistas no se hizo en el aire. Los verdiblancos iban con la amenaza de bloquear, hasta donde el reglamento lo permitiera, la votación del segundo Presupuesto Extraordinario de la República.
Al Ejecutivo le urge la aprobación de ese plan de gastos, que contiene movimientos estratégicos en las finanzas del Estado para terminar el año.
Entre estos acomodos presupuestarios se encuentra una partida de ¢7.568 millones para gastos operativos del Consejo Nacional de Producción (CNP) y ¢6.882 millones para cubrir el faltante en el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional.
También destaca una partida de ¢5.798 millones para la construcción del tramo de carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper (San Carlos). El pago de ¢2.000 millones en servicios del sistema penitenciario y ¢1.140 millones para combatir el hacinamiento en las cárceles.
A esto se suman recursos por ¢1.067 millones para que el Poder Judicial cancele una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con Jiménez, en caso de que no se aclare la situación con los liberacionistas que ostentan mandos medios y que son acosados, entonces, no darán los votos para entrar a discutir ese proyecto presupuestario.
El problema para el Gobierno es que necesita de los votos del PLN para poder votar pronto el plan de gastos extraordinario.
Sin los votos del PLN, la iniciativa quedará relegada a un segundo plano, pues el Presupuesto Ordinario de la República del 2015 monopoliza en noviembre la discusión en el plenario.
