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El Banco de Costa Rica (BCR) inició un proceso administrativo sancionatorio en contra de 14 empleados quienes participaron en los trámites del crédito del caso del cemento chino.
La institución pública confirmó a La Nación la apertura de la investigación para establecer la posible responsabilidad civil de los empleados y el daño económico por el otorgamiento de las operaciones crediticias por $30 millones al empresario Juan Carlos Bolaños, propietario de Sinocem.
Para dirigir el procedimiento, el BCR contrató a tres abogados externos por ¢83,2 millones quienes integran el órgano director en contra los trabajadores investigados, según consta en los contratos firmados por el Banco, en febrero pasado.
Los juristas encargados del proceso son Ronald Hidalgo Cuadra, cuyo pago asciende a ¢34,2 millones; y Gustavo Adolfo Esquivel Quirós y Juan Carlos Pizarrro Corrales quienes recibirán, cada uno, ¢24,5 millones.
“Los procedimientos administrativos son sancionatorios. Dependiendo de la gravedad de la falta que se pudiere llegar a comprobar, podría establecerse sanciones que van desde una amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal”, explicó el BCR, por escrito.
La entidad bancaria explicó que con el proceso administrativo busca “determinar la verdad real de los hechos” en el otorgamiento de una línea de crédito por $20 millones a Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento, y otra de $10 millones para la nacionalización del producto.
La empresa de Bolaños aún adeuda $25 millones de los recursos prestados al banco público.
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Los investigados
La pesquisa administrativa se dividió en tres procesos debido a las condiciones laborales de los trabajadores, pues la potestad disciplinaria recae en unos casos en la Junta Directiva del BCR y en otros, en la Gerencia General.
La entidad bancaria optó por especialistas externos para realizar el trámite, en vez de abogados internos, pues entre los investigados hay miembros que formaban parte del nivel gerencial superior.
“Por ser un tema complejo que involucra funcionarios de la alta admistración se recurre a abogados externos”, recalcó la institución.
Los investigados miembros de la entonces alta gerencia son Mario Barrenechea, gerente general; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; y Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista.
En la contratación se detalla que los empleados guardan prisión preventiva debido a la investigación penal en contra de ellos efectuada por el Ministerio Público, por el supuesto delito de peculado en perjuicio de los deberes de la función pública.
Por tal razón, las comparecencias deben realizarse en el centro penitenciario donde están recluidos. La decisión sancionatoria contra estos trabajadores será de los miembros de la Directiva.
Sin embargo, actualmente solo Barrenechea sigue recluido en prisión. El resto fue liberado mantiene otros tipos de medidas cautelares.
Bernal Chavarría, defensor de Leonardo Acuña y Andrés Víquez, confirmó que el BCR notificó a sus representados el comienzo del proceso sancionatorio a inicios de este mes de julio.
“Aún no hemos tenido acceso al expediente, porque no lo han facilitado, ni nos hemos podido referir a los hechos que se les imputa. Pero por la naturaleza del proceso su fin es sancionatorio”, explicó Chavarría.
Añadió que el proceso disciplinario no puede efectuarse en contra de sus representados, pues tienen el contrato laboral suspendido debido al arresto domiciliario en contra de ellos.
“En la resolución (del Banco) se aluden cosas muy genéricas del caso sobre la responsabilidad que ellos (Acuña y Víquez) tenían como gerentes y miembros del Comité de Crédito; pero no el detalle de lo que le achacan”, recalcó el defensor.
Por su parte, Andrés Pérez –abogado de Barrenechea– dijo que desconocen el proceso iniciado contra el exgerente.
Además, recordó que él renunció al cargo desde hace varias semanas.
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Demás procesos
En los otros procedimientos ordenados por el Banco será la Gerencia General, actualmente bajo la tutela de Douglas Soto, la que determine las eventuales sanciones.
Uno de los casos es contra Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos, y Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito.
Ellos estuvierontres meses en prisión preventiva y fueron puestos en libertad en febrero anterior. La Fiscalía General de la República también los acusó por el supuesto delito de peculado.
La última investigación es contra ocho empleados cuya prueba testimonial debe efectuarse en las instalaciones del BCR.
La entidad pública no detalló ni los nombres ni cargos de estos trabajadores.
“Los procedimientos administrativos son confidenciales hasta que quede en firme la resolución final que se dicte”, argumentó la institución por escrito.
La entidad bancaria no detalló el tiempo que se tardará, pues solo podrá detallar la resolución del proceso una vez que esté en firme la resolución final.
