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Los beneficios salariales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pasan la factura al fondo de pensiones de sus empleados, pues generan un déficit actuarial de ¢24.065 millones.
Así se detalla en el estudio al Régimen Complementario de Pensión del ICE contratado por la empresa pública para conocer la salud financiera de dicho sistema.
El estudio independiente –contratado por el ICE– incorporó en las proyecciones el efecto del crecimiento de los salarios de los empleados de la Institución, debido a la estructura de pluses, lo cual se había subestimado en las valoraciones previas.
“La incorporación de la escala salarial y las anualidades dentro de las proyecciones tiene un alto impacto en los resultados obtenidos”, se concluye en el estudio hecho por la firma especializada Ernst & Young (E&Y).
Para devolverle el equilibrio al sistema, la contribución mensual debe subir del 5,5% de aporte al 6,58%, se expone en la valuación actuarial.
El informe propuso nueve posibles escenarios de ajuste al régimen que incluyen modificar la cotización al sistema y reducir beneficios, en distintas magnitudes.
La recomendación fue elevar el aporte al fondo entre 0,49 puntos porcentuales y 1,08 puntos. De aumentar la contribución patronal podría haber un efecto tarifario, pues se financia mediante la venta de servicios del ICE.
También se propuso modificar el cálculo de la pensión para que en vez de ser el promedio del salario de los últimos dos años, se eleve a cinco años, lo cual reduciría la cuantía a recibir.
Además de imponer un tope máximo de monto de jubilación del 20% del salario de referencia –hoy es del 25%– y que la revalorización de cada pensión no supere el 50% de la inflación anual.
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Los administradores del fondo –el ICE y los trabajadores– son quienes deben decidir la ruta para volver a brindarle sostenibilidad al sistema de jubilación complementario.
Sin ninguna modificación, la reserva del fondo de ¢304.330 millones, a diciembre pasado, comenzará a decrecer a partir del 2041 y se agotará en el 2057, reseña el informe en poder de La Nación.
Tal situación pondría en riesgo las pensiones de los 3.501 jubilados y los beneficios futuros de 13.331 trabajadores.
Hoy, una cuarta parte de los trabajadores deberá cotizar 25 años más para obtener su pensión; y el 33% entre 15 años y 25 años, precisamente en el momento en que la reserva del régimen empieza a decrecer, se señala en el estudio de E&Y.
El estudio, del 19 de marzo anterior, se hizo con datos al 31 de diciembre del 2017 y fue publicado en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Ernst & Young analizó los ingresos, gastos y evolución de la reserva del régimen en un plazo de 75 años. Dichas variables, así como el resultado, están en valor presente del 31 de diciembre del 2017.
Empeora escenario
En el nuevo estudio empeoró la proyección del régimen en comparación con el análisis previo, de junio del 2016, porque de un superávit actuarial de ¢7.738 millones, se pasó al déficit mencionado.
El estudio del 2016 tuvo un resultado más optimista porque solo tomó en cuenta supuestos sobre crecimiento de salarios por inflación, es decir, que son constantes a lo largo de la proyección, recalcó E&Y.
El informe más reciente prevé el impacto de la inflación, así como la actualización de los salarios base de cada categoría de trabajador y el efecto de la anualidad, de 3,56% sobre el sueldo del empleado.
Actualmente, el 98,6% de los trabajadores afiliados al sistema están bajo el sistema de base más pluses y el 1,4% por salario único.
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“El salario base aumenta anualmente por inflación y por efecto de los ascensos y promociones del empleado a traves de su vida laboral”, enfatizó Ernst & Young.
El fondo de pensiones también se vio afectado por la reducción en la cantidad de cotizantes debido al proceso de movilidad laboral efectuado por el ICE, en los últimos cinco años, para equilibrar sus finanzas.
De 15.151 empleados, en el 2013, se bajó a 13.331 personas el año pasado, es decir, 1.820 cotizantes menos.
La reducción en la cantidad de empleados también provocó que el salario promedio de cada empleado se elevara, pues se pasó de ¢1 millón mensual a ¢1,2 millones, lo cual tiene un impacto en el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados, se describe en el informe.
El pasado jueves 23 de agosto se enviaron consultas al ICE, pero al cierre de esta información no hubo respuesta.
Características del sistema
El fondo de jubilaciones de los empleados del Instituto, creado en 1965, se financia con la cotización de la entidad como patrono, el aporte de los trabajadores, los rendimientos de las inversiones de la reserva y las ganancias generadas por la inversión del Fondo de Prestaciones Legales, donde el trabajador aporta el 3,5% de su salario.
La empresa pública contribuye actualmente con el equivalente al 4,5% de la planilla, lo cual significó ¢8.000 millones en el 2017, según los estados financieros del ICE. Dicho egreso se financia mediante las tarifas por la venta de servicios de electricidad, telefonía e Internet.
El aporte de los trabajadores es del 1% del sueldo, es decir, ¢1.800 millones durante el año anterior.
Los trabajadores del Instituto tienen derecho al beneficio complementario al cumplir los 60 años, en el caso de las mujeres, y los 62 años para los hombres.
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El monto de la pensión será equivalente entre el 10% y el 25% del salario promedio de los últimos 24 meses.
Quien recibe el 10% de cuantía de pensión debe contar con una década de cotizar al régimen y, para obtener el monto máximo, más de 44 años de aportes al fondo.
Al cierre del 2017, el monto promedio de pensión por vejez para las mujeres fue de ¢335.523 y para los hombres, de ¢291.491.
El año anterior, el régimen tuvo un gasto en pago de pensiones por ¢12.838 millones, se detalla en el estudio actuarial.
