Los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de Salud (MS), así como la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), afirmaron que el plazo para el trámite del permiso sanitario de salud, necesario para todos los establecimientos en el país, se reducirá de 91 a solo siete días, en particular porque en el proceso se eliminó la inspección previa de las empresas.

Sin embargo, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), aunque ve con buenos ojos esta iniciativa, la analiza con cautela, pues en otras ocasiones, en su aplicación, se ha encontrado con obstáculos y los plazos sigue siendo largos.

La decisión se emitió en el decreto ejecutivo N°. 41435-S que elimina la inspección previa al otorgamiento del certificado para los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, calificados como de riesgo sanitario y ambiental alto (grupo de riesgo A).

Ya esto se aplicaba para establecimientos de riesgo bajo (nivel C).

El decreto exceptúa a las firmas de fabricación de productos farmacéuticos a quienes se les mantiene el requerimiento de la inspección previa, y las operaciones o actividades de servicios de salud y afines, que poseen una normativa específica, aclaran las entidades gubernamentales.

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Los permisos sanitarios son uno de los cinco cuellos de botella que la ministra del MEIC, Victoria Hernández, se impuso resolver en la actual Administración. La meta inicial era bajar el tiempo del trámite a 30 días, pero se logró un plazo más corto.

El MEIC, como ente coordinador de la simplificación de trámites, trabaja también en el mejoramiento de plazos en municipalidades con las patentes y permisos de uso de suelos; la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), con los estudios de impacto ambiental; la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, con los trámites de internamiento de mercancías; y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), con la denominado matriz de riego.

Declaración jurada

El ministro de Salud, Daniel Salas, recordó que la modificación permitirá que los negocios inicien o continúen operaciones sin la inspección previa, con la presentación de una declaración jurada, donde sus representantes indiquen que cumplen con los requisitos establecidos.

Pero precisamente, en esa declaración, está el problema que causa escepticismo en los industriales. Fiorella Bulgarelli, asesora en Comercio Exterior y Asuntos Regulatorios de la CICR, advirtió de que los funcionarios del Ministerio de Salud cuestionan la declaración jurada y piden una cantidad notable de requisitos. Esto significa, dijo, no reconocer la validez legal del documento, lo cual sucede en otros casos donde su uso está vigente, entre ellos, los registros sanitarios y precisamente los establecimientos de clasificación con riesgo C.

En tanto, el ministro Salas dijo acerca de los establecimientos: “el Ministerio de Salud se dedicará a inspeccionarlos, vigilarlos y controlarlos una vez que estén en funcionamiento, esto con el fin contribuir a la mejora del clima de negocios en el país, a la vez que protegemos la salud de sus habitantes”.

Las tres entidades aseguraron que con esta medida se aporta en la simplificación de los procesos y trámites requeridos por una empresa para invertir o instalarse en el país.

No obstante, Bulgarelli resaltó que, además del reconocimiento legal de la declaración jurada por parte de los funcionarios, es necesario también un cambio a escala de municipalidades. Esto porque para el establecimiento de un negocio en Costa Rica, la cadena se completa con estos gobiernos locales, es decir, luego de obtener el permiso sanitario de funcionamiento se debe presentar para conseguir la patente.

“Poco hacemos si se agiliza el trámite en Salud pero se mantiene en entrabado en las municipalidades”, enfatizó Bulgarelli.

El otro tema que pone la cautela entre los empresarios de la industria es que se aplique la regla con los mismos criterios en todas las oficinas regionales del Ministerio de Salud, pues en muchas ocasiones esto no sucede, aseguran.