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El aumento en el contrabando de productos, como licores, etanol, cigarrillos, quesos, huevos y bienes agrícolas, pone en alto riesgo la salud de los habitantes del país, pues no se puede determinar ni el origen, ni los insumos con los cuales se fabricaron, denunciaron entidades que luchan contra el comercio ilícito.
La advertencia se relanzó al anunciarse una campaña entre el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), denominada: “el contrabando nos perjudica a todos”.
La campaña se lanzó en un foro donde expusieron el director de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespín, Jason Chaves del Observatorio del Comercio Ilícito de la CCCR, Javier Vindas, director general del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Adriana Córdoba y María Aguilar de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y Harys Regidor, presidente ejecutivo del Inder.
Datos suministrados por Malespín establecieron que en los últimos cinco años (incluido lo que se lleva del 2018) la Policía de Control Fiscal logró decomisar 170,4 millones de cajetillas de cigarros, 1,85 millones de unidades (envases de diversos tamaños) de licor, 2,1 millones de unidades de cerveza (en especial latas) y 222.963 unidades de whisky.
Por ejemplo, en el 2014, se lograron decomisar 113.516 unidades de cerveza, mientras que en el 2017 la cifra fue de 841.919 unidades. En lo que va del 2018 se llevan 529.043 unidades y faltan los meses de alta demanda de fin de año, según la Policía de Control Fiscal.
En el caso del licor, la cifra de decomisos se elevó desde 285.936 unidades, en el 2014, a 376.510 unidades, en el 2017. Para el 2018, la cifra ya va por 367.534 unidades.
Uno de los problemas, aseguró Malespín, es un creciente ingreso de etanol o alcohol sin refinar de contrabando, que se utilizaría para hacer licores en empresas clandestinas locales. También se cree que puede ser base para hacer algunas drogas, aunque esto está en investigación.
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Consultado acerca del comercio ilícito, Minor Cordero, director de la Dirección de Operaciones del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), explicó que hasta julio de este año esa entidad había decomisado 53 animales y 4.889 kilos de productos diferentes, entre productos y subproductos, entre ellos quesos y embutidos.
Los productos de origen animal decomisados por el Senasa se retienen por no contar con los papeles de los permisos correspondientes, por desconocerse su origen o porque las condiciones de transporte no son las adecuadas, entre ellas, la ausencia de refrigeración.
Estas cifras reflejan la magnitud de un problema que aún no se ha medido en total dimensión, advirtieron Malespín y Chaves. Precisamente, el Observatorio del Comercio Ilícito de la CCCR nació hace un año con la idea de determinar cifras del problema, como uno de sus objetivos, en vista de la falta de información en ese sentido.
Aparte del problema económico contra el comercio formal y el impacto en la baja de recaudación de impuestos, el contrabando representa un peligro para la salud de los consumidores. Los productos no tienen ni controles de calidad, ni etiquetas que indiquen los ingredientes, ni las fechas de vencimiento, ni el origen o la industria donde se fabricaron, advirtieron todos los que expusieron en el foro de este miércoles 3 de octubre.
El mercado es altamente lucrativo, según las primeras indagaciones del observatorio. Esto porque no se pagan impuesto y hay una notable demanda en especial promovida por el precio, pues los productos de contrabando se pueden colocar mucho más baratos. Por ejemplo, una cajetilla de cigarrillo vale en el comercio legal alrededor de ¢2.000 y mediante el contrabando se coloca a entre ¢800 y ¢1.000.
Según Chaves, el Observatorio estima que uno de cada seis cigarrillos que se consumen en el país es de contrabando, aunque otros estudios indica que uno de cada cuatro cigarrilllos entra mediante el comercio ilícito. Mientras tanto, agregó, se estima que un 22% del mercado local de licores está acaparado ya por productos de contrabando.
El Observatorio también llama la atención acerca de la poca efectividad de la ley y del sistema judicial. Desde la puesta en vigencia de la ley anticontrabando, en el primer semestre del 2014 y hasta el primer semestre del 2017 se llevaron a los tribunales 129 casos por contrabando, pero un 75% de ellos se desestimaron o se declararon con sobreseimiento. Es más, señaló Chaves, solo hubo una condenatoria de todos los casos presentados.
El presidente ejecutivo del Inder, Regidor, aseguró que esa entidad no lanzó la campaña por el tema económico, pese a que una parte de los impuestos a los licores y cigarrillos va a la entidad. Para el año 2017, según un documento que suministró, el impuesto a los cigarrillos llevó a la entidad ¢1.302 millones, el de las bebidas alcohólicas ¢1.648 millones y el de las cervezas ¢3.728 millones, pero el mayor ingreso proviene del impuesto a las transacciones agrarias (timbre agrario) que generó ese año ¢18.680 millones.
Regidor agregó que el principal objetivo es darle rosto humano a los perjudicados con el contrabando: los empresarios formales, los consumidores que ponen en peligro su salud y los campesinos productores de asentamientos que enfrentan la competencia desleal. Empero, aceptó que con los ingresos generados por los impuestos se puede llevar desarrollo a los territorios rurales definidos por el Inder en el país.
