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La crisis del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) ensanchó el hueco financiero en el presupuesto del 2018 del Gobierno Central, que obligó al Ministerio de Hacienda a enviar una cuantiosa partida de gastos extras al Congreso.
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, confirmó a La Nación que el dinero adeudado por el menor de los bancos estatales es una de las razones por la cual el Gobierno solicitó un presupuesto extraordinario de ¢600.000 millones a la Asamblea Legislativa, el martes 31 de julio.
“Dentro de las sumas (solicitadas al Congreso) está el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Hacienda tenía previsto recibir ¢133.000 millones y no ingresaron”, enfatizó Aguilar.
El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección del anterior jerarca, Helio Fallas, invirtió millones en Bancrédito, desde abril del año pasado, con el objetivo de darle liquidez a la institución pública y así evitar que cayera en irregularidad financiera.
Los recursos debían pagarse en diciembre pasado, pero la entidad financiera no pudo hacerlo y cayó en cesación de pagos; el 22 de diciembre anterior, fue intervenida por orden del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Hacienda inyectó un total de ¢131.000 millones –entre colones y dólares– en certificados de depósito a plazo emitidos por Bancrédito.
Sin embargo, la deuda se elevó hasta los ¢133.350 millones, al 31 de julio pasado, debido a los intereses generados por la mora, confirmó Marco Hernández, interventor del banco.
Esta cifra equivale a cerca del 22% del presupuesto adicional que Hacienda remitió a la Asamblea Legislativa.
Cada mes que pasa, la deuda de Bancrédito se incrementa en ¢335 millones, según la estimación hecha por los interventores del banco.
Aguilar enfatizó en la urgencia de que en la Asamblea Legislativa se apruebe el proyecto de ley para la absorción de Bancrédito por parte del Banco de Costa Rica (BCR).
El énfasis de la jerarca se fundamenta en que esta es la única vía por medio de la cual el Gobierno podría recuperar el dinero invertido en la entidad estatal, de lo contrario es muy probable que los recursos se pierdan.
Hernández explicó que la opción de entregar en dación de pago bienes o edificios del Banco a Hacienda no es posible legalmente cuando se trata de saldar inversiones hechas por el Gobierno. Dicha figura solo puede utilizarse cuando son deudas tributarias.
“Con la solución concertada del proyecto de ley (...) no solo se lograría que todos los activos pasen al BCR para su recuperación final, sino que también se propiciaria que asuma el pasivo con Hacienda, con el cual, al final, se negociaría sus condiciones para que el BCR finalmente lo honre”, enfatizó el Interventor.
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Efectos de la inversión
La Contralora Marta Acosta fue la primera en recalcar el efecto negativo de Bancrédito en las finanzas gubernamentales.
La jerarca enfatizó, en mayo anterior, que las inversiones no recuperadas tuvieron, en la práctica, un efecto real en las finanzas públicas.
Acosta argumentó que el Gobierno registró, en el 2017, un déficit fiscal de 6,2% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, si se hubiera registrado el efecto del impacto de Bancrédito, el indicador subiría a 6,6% del PIB.
Desde que Hacienda depositó los recursos en Bancrédito, en abril del año anterior, la operación se defendió como parte de un proceso normal de inversiones transitorias de este ministerio.
El 19 de abril del 2017, Martha Cubillo, tesorera Nacional, confirmó a La Nación que las inversiones en la institución financiera eran de muy corto plazo y parte de las operaciones del pago de servicio de la deuda externa, las cuales se hacían en Bancrédito.
“Son recursos de las diferentes fuentes de financiamiento que ejecuta la Tesorería Nacional. Son remanentes de caja invertidos temporalmente”, afirmó Cubillo cuando se consultó si los recursos colocados en el Banco eran de recaudación de impuestos o captación de deuda.
Incluso Helio Fallas, entonces jerarca de Hacienda, reconoció –el 21 de abril de ese mismo año– que coordinaban con el Banco para conocer cuál era la necesidad de recursos.
El 20 de febrero pasado, este diario consultó a Hacienda sobre las repercusiones de las inversiones hechas en Bancrédito y, en específico, si tuvo alguna relación entre los problemas de liquidez del Gobierno a finales del 2017.
La respuesta se remitió hasta el 5 de marzo. Mauricio Arroyo, subtesorero Nacional, reconoció que en las estimaciones del Ministerio había un escenario de continuidad en las inversiones en el banco estatal.
“La Tesorería Nacional había contemplado diferentes escenarios posibles para los vencimientos de Bancrédito, y se preparó para un escenario donde se renovarían a corto plazo la mayoría de esas inversiones”, afirmó Arroyo en ese momento.
La decisión de Hacienda fue –afirmó el funcionario– resolver el faltante de recursos con nuevas colocaciones de deuda en el primer semestre del 2018.
Pese a las medidas paliativas implementadas el problema sigue sin resolverse, como aceptó la actual jerarca del Ministerio, Rocío Aguilar.
Nuevas captaciones saldrán caras, advierten especialistas
La necesidad del Gobierno de captar ¢600.000 millones, para efectuar el pago de la amortización de vencimientos de deuda interna, podrían salir más caras al Ministerio de Hacienda.
Así coincidieron especialistas en temas bursátiles, consultados por La Nación, quienes también recibieron con sorpresa el anuncio del Poder Ejecutivo de la urgencia de la aprobación de un presupuesto extraordinario en el Congreso.
Para José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, Hacienda sabía de la existencia de los vencimientos, pues estaban en manos de inversionistas desde el año pasado.
“Aquí el tema es a qué costo el Ministerio tendrá que hacer esa renovación (de títulos). El mercado sabe de esa necesidad de recursos, la duda ahora será a qué precio el Gobierno deberá pagar para hacer la renovación. Es muy probable que suban las tasas (de interés que ofrecen los bonos)”, recalcó Brenes.
Brenes añadió que se hizo un abuso, por parte del Gobierno de Luis Guilllermo Solís, de la figura del canje de deuda al prever que podrían renegociar los títulos de deuda de corto plazo.
“Desde el momento que hicieron las colocaciones sabían que debían efectuar las amortizaciones”, recalcó el Director General de la Bolsa.
El monto requerido por Hacienda, para cancelar las colocaciones de deuda hechas a finales del 2017, equivalen al 37% de los vencimientos de bonos para el segundo semestre del año, explicó Silvia Jiménez, jefa de Análisis y Estrategia de Mercado de Valores.
“Es un hito que manifiesta un riesgo para las negociaciones del poder político y la credibilidad del Gobierno de cara a la negociación de la reforma fiscal”, afirmó Jiménez.
La especialista bursátil recalcó que entrar a tapar el hueco del presupuesto de este año generará un impulso a las tasas, pues los inversionistas exigirán un rendimiento atractivo.
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Para Jhonny Mora, director de Fondos de Inversión del Grupo Acobo, la noticia del requerimiento de recursos para pagar deuda interna es un balde de agua fría.
“Hacienda ha competido muy agresivamente por los recursos del mercado durante este año; pero no se esperaba esta nueva necesidad. En los rendimientos del mercado se ha palpado la necesidad (de financiamiento) con tasas sumamente altas tanto en dólares como en colones”, recalcó Mora.
El especialista mencionó que el Gobierno saldrá a captar en un mercado local bastante estrujado, que se refleja en la baja del crecimiento del crédito al sector privado.
