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Las 48 entidades financieras autorizadas para operar en el país compiten en desigualdad de condiciones, lo cual mina el crecimiento económico costarricense.
Las reglas por las cuales se rigen estas empresas, tanto públicas como privadas, son causantes de que la “cancha” no esté nivelada, así lo concluyó el estudio Asimetrías regulatorias en el sistema financiero costarricense efectuado por la Academia de Centroamérica.
El informe, firmado por los investigadores Miguel Loría y Josué Martínez, y presentado en agosto anterior, señala que figuras como las cargas parafiscales (contribuciones obligatorias después de pago de impuestos), el peaje bancario y la garantía del Estado perjudican la eficiencia financiera.
Lo mismo ocurre con la exoneración del impuesto sobre la renta para algunas entidades y los procesos de contratación administrativa en las instituciones públicas.
El estudio señala que el fraccionamiento legal en el que se rigen los bancos comerciales del Estado, los bancos privados, las cooperativas, las mutuales y las financieras, es el responsable de esta disparidad.
“El sistema financiero tiene una serie de distorsiones que impiden potenciar su aporte al crecimiento económico precisamente por las desigualdades regulatorias. El mercado no es competitivo porque todos los participantes no juegan por las mismas reglas”, explicó Loría, analista económico de la Academia de Centroamérica.
Loría enfatizó que las disparidades están afianzadas en leyes y se requiere voluntad política para removerlas.
“Las regulaciones no solo perjudican al sector privado, sino a la banca estatal. Las contribuciones parafiscales son muy fuertes, así como su gobierno corporativo, pues está sujeto a la influencia política”, recalcó el especialista.
La Academia de Centroamérica analizó en el estudio la legislación por la cual se rige el sistema financiero costarricense y de los desafíos que enfrenta el país en la modernización de su regulación prudencial.
Además de que incorpora recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Principales disparidades
Una de las distorsiones más relevantes según el estudio, son las cargas parafiscales que pesan sobre el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica.
Cada año, después del pago de tributos, estas entidades aportan casi el 40% de sus utilidades a programas públicos como préstamos para educación, atención de emergencias, cooperativismo, pymes y al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Asimismo, el documento de la Academia de Centroamérica indica que la garantía del Estado brinda una seguridad al dinero de los ahorrantes e inversionistas, por cierre o quiebra de un banco estatal, de la cual no gozan las entidades privadas.
En el caso de la banca privada, la alteración más relevante es el peaje bancario, pues solo aplica a estas entidades. Este establece que los bancos pueden captar depósitos en cuenta corriente pero deben destinar el 17% de las captaciones a proyectos de banca para el desarrollo.
Dicha obligatoriedad rige desde 1996 y genera, detalla el informe, que los bancos estatales logren una mayor participación en la captación de colones del público.
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En el estudio también se incluye la exención del pago de renta para las cooperativas de ahorro y crédito y las mutuales.
“Un campo de juego más parejo, más libre de las distorsiones que afectan a unos y otros, posiblemente facilitaría la competencia, permitiría operar con márgenes de intermediación menores, y el consumidor saldría ganancioso, posiblemente con tasas de interés menores”, enfatizó Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Este funcionario reconoció que los marcos legales actuales tienden a afectar tanto a las entidades financieras públicas como a las privadas.
Resistencia al cambio
Miguel Loría enfatizó en que es necesario remover leyes específicas en el sistema bancario por ser obsoletas y negativas para el desarrollo financiero.
Incluso, señaló la falta de interés político a hacer cambios con proyectos relevantes, como la idoneidad de los miembros de juntas directivas de bancos públicos.
Para Luis Liberman, exbanquero y exvicepresidente de la República, hay muchísima resistencia al cambio o a revisar decisiones legales financieras tomadas hace más de 20 años.
“En los bancos del Estado hay plata que va a las cooperativas, emergencias y Conape (Comisión Nacional de Préstamos para Educación). Lo lógico sería que las empresas públicas con fines de lucro paguen un dividendo a su dueño; pero estos destinos se quedaron para siempre”, recalcó Liberman.
Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, sostuvo que debe dotarse al sistema financiero costarricense de legislaciones sencillas y transparentes para los intermediarios financieros y sus clientes.
