Escuchar
Bogotá
El fin de la guerra con las FARC es solo un paso hacia la consolidación de la paz en Colombia. Para el Estado empieza un reto complejo: la financiación del posconflicto, en la que reina el pesimismo tras la pérdida de la renta petrolera.
El presidente Juan Manuel Santos ha repetido con insistencia que la paz es la "mejor inversión" que puede hacer el país luego de terminar una confrontación de 52 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
El Gobierno estima que el posconflicto representará un crecimiento adicional anual de entre 1,1 a 1,9 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), por la mejora de la seguridad y la llegada de inversionistas. Pero el paso de los insurgentes a la vida civil, esencia del acuerdo negociado desde el 2012 en Cuba, tiene altos costos económicos.
Según el Senado, para la próxima década serán necesarios unos $31.400 millones para implementar lo pactado. Es decir, más de la tercera parte de los $78.300 millones del presupuesto de 2017.
"Aunque la situación fiscal es apretada, el presupuesto es manejable. La plata que falta la vamos a conseguir. Además, hay que entender que la implementación de los acuerdos no es de un día para otro", dijo Santos a la revista Semana en agosto.
Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la paz es "inversión que va a dar un rédito". "El mismo rédito de la paz sirve para financiar los compromisos", afirmó meses atrás.
El presupuesto para el 2017 marca como prioridad garantizar la sostenibilidad y consolidación del posconflicto, un rubro para el que se destinaron $4.187 millones, una cifra mayor a los $3.942 millones ya dirigidos en el 2016 a las víctimas del conflicto acogidas a programas de reparación.
El golpe del petróleo. Pese a que Colombia es la cuarta economía latinoamericana y en los últimos diez años ha crecido a un promedio de 3,9% anual, el desplome del precio internacional del petróleo perjudicó sus finanzas. Para este año, el Gobierno redujo el pronóstico de crecimiento de 3% a 2,5%.
"No sé qué va a hacer el Gobierno en el corto plazo para financiar el posconflicto", expresó Salomón Kalmanovitz, economista y exmiembro de la junta directiva del Banco de la República (emisor).
En el país, cuarto productor de oro negro de América Latina, el crudo representa más del 50% de las exportaciones, el 5% del PIB y el 16% de los ingresos del Estado.
En el presupuesto del 2016 se calculó en $50 el barril del petróleo y este por momentos estuvo debajo de $30.
Según estimaciones de la privada Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), por cada dólar que baja el barril, el Estado colombiano deja de recibir unos $146 millones.
Por el desequilibrio de las finanzas gubernamentales, Santos hizo un llamado a la austeridad, que el año pasado causó la poda de unos $2.000 millones del presupuesto.
"Va a haber una reasignación del gasto y del presupuesto, que se destinará a los territorios más afectados", explicó Kalmanovitz.
Analistas coinciden en que el país tiene un hueco fiscal de al menos unos $14.000 millones, por la caída de la renta petrolera. En el 2015 los ingresos por crudo ascendieron a cerca de $3.000 millones y en el 2016 se espera que caigan un 0,8% y en 2017 un 0,1%. Recién en el 2018, según cálculos oficiales, se corregirá la tendencia.
"El posconflicto va a coger a Colombia en una de las más delicadas situaciones fiscales en muchos años (...). Si algo ha caracterizado al doble mandato de Juan Manuel Santos es el poco rigor en el gasto", afirmó en julio el columnista del diario El Tiempo Mauricio Vargas.
¿De dónde el dinero? Ante la "apretada situación fiscal", la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido anunciar una reforma tributaria estructural, que según conocedores incrementará el IVA y se presentará al Congreso apenas después del plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos deberán decir sí o no al acuerdo con las FARC.
Según Santos, esta reforma no será para buscar los recursos para financiar el posconflicto, sino para reemplazar unos impuestos que por ley van a desaparecer.
"Pero esta reforma no va a castigar a las familias más ricas", afirmó Kalmanovitz.
Para el economista Eduardo Sarmiento, "la solución" es reactivar la economía a partir de un cambio en la "estructura económica", logrado con políticas industriales y agrícolas que aumenten "las exportaciones que tienen demanda mundial".
"De esta manera, la reactivación de la economía generaría los recaudos fiscales y crearía las condiciones para elevar en el momento propicio la carga tributaria de los que tienen más. Los recursos del posconflicto provendrían de la nueva orientación económica", escribió en agosto en una columna del diario El Espectador.
Ante la urgencia de financiar lo acordado, Santos ha llamado a la comunidad internacional a que haga aportes económicos. La Unión Europea (UE) pondrá más de 575 millones de euros, mientras que Estados Unidos anunció $450 millones.
Además, el mandatario lanzó el año pasado un programa para exportar $30.000 millones en el 2018 en servicios, bienes y productos, diferentes del sector minero-energético.
"Es una ecuación bastante compleja. Pero lo más importante del acuerdo de paz no es la economía, sino que las personas vivan sin temor", dijo Kalmanovitz.
