EscucharManagua. El gobierno nicaragüense reconoció este lunes la existencia de 273 presos por participar desde abril en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, a quienes aseguró se les respetan sus derechos humanos como asistencia médica y visitas familiares.
A estos reos “se les brinda una atención igual a la que se le da a cualquier preso nicaragüense o de otra nacionalidad”, aseguró el ministro de Gobernación Luis Caña, en una rueda de prensa en la que rechazó que los detenidos en el marco de las protestas sean “presos políticos”.
Según un informe presentado por el Ministerio de Gobernación (Mingo), que controla el funcionamiento del sistema penitenciario nacional, en las cárceles nicaragüenses hay 273 manifestantes presos, de los cuales 17 son mujeres.
La mayoría de los detenidos están siendo procesados por terrorismo, crimen organizado u otros delitos como portación ilegal de armas, asesinato o secuestro, atribuidos por la Fiscalía por su participación en las marchas antigubernamentales.
LEA MÁS: Nicaragua libera a costarricense detenido en protestas contra gobierno de Daniel Ortega
Nicaragua puso en vigor en julio pasado una ley que criminaliza a los manifestantes como “terroristas”, con penas de hasta 20 años de cárcel.
Por su parte, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco contabiliza al menos 552 personas detenidas por protestar, las que afirma “están siendo sometidas a tratos crueles y degradantes, a violaciones sexuales como método de tortura y, en el caso de las mujeres, a la violencia machista de sus carceleros”.
El Comité Pro Libertad de Presos Políticos por su parte denunció en octubre pasado que los manifestantes están recluidos en celdas oscuras, húmedas y sin ventilación.
El ministro de Gobernación negó sin embargo que existan abusos a los derechos de los detenidos e indicó que los presos por terrorismo han recibido más de 3.800 atenciones, incluidas visitas médicas y familiares.
Las protestas contra el gobierno de Ortega iniciaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social que desencadenó luego, a pesar de su posterior derogación, una movilización masiva en demanda de la salida del mandatario debido a la violencia que ejerció el gobierno contra los manifestantes.
La represión dejó más de 320 muertos según grupos humanitarios, mientras que el gobierno contabiliza 199 víctimas.
