Organismo de derechos humanos cierra oficinas por amenazas ‘alarmantes’ en Nicaragua

Managua. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), destacada en el rescate de manifestantes heridos, detenidos u hostigados durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, anunció este domingo que cerrará sus oficinas por serias amenazas y asedio de grupos armados ilegales.

La ANPDH "se ha mirado amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive en contra" de sus activistas, alertó la organización en un comunicado.

La agrupación que dirige Álvaro Leiva y tiene su oficina central en Managua, dijo que también ha sufrido "el asedio permanente de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas" en las oficinas.

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Ante esta situación, la ANPDH decidió cerrar sus oficinas como medida preventiva, “a fin de garantizar la integridad física y la seguridad de nuestros defensores”, señaló. No obstante, informó que seguirá atendiendo las denuncias de víctimas a través de Internet.

La ANPDH recibió en julio el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en Nicaragua en reconocimiento a su labor.

La organización ha denunciado la existencia de una “profunda crisis” de violación a los derechos humanos en Nicaragua por la represión a las protestas iniciadas el 18 de abril, que según la agrupación ya han dejado un saldo de 448 muertos.

La cifra es mayor a la estimada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que informó la semana pasada 317 muertos por la crisis.

La ANPDH ha ayudado a gestionar, junto con la Iglesia católica, la liberación de cientos de detenidos ilegales, y ha señalado la existencia de cerca de 600 desaparecidos.

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La AFP intentó localizar a Leiva para confirmar versiones de que habría dejado el país por amenazas de muerte, pero no fue posible.

El presidente Ortega ha acusado a sus opositores y grupos humanitarios de ser parte de una conspiración "golpista" financiada por Estados Unidos.

La oposición denunció la semana pasada que el gobierno ha desatado una fuerte persecución contra sus activistas, manifestantes y líderes de las protestas.