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Bucarest. La participación el sábado en los colegios electorales de Rumanía era baja en el primer día del polémico referendo que pretende establecer en la Constitución la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, con la esperanza para la izquierda en el poder de movilizar a su electorado.
Los 19 millones de electores del país tienen hasta el domingo por la noche para aprobar un cambio de la definición del matrimonio para que solo "un hombre y una mujer" puedan casarse y no los "esposos", como viene estipulado actualmente en la Carta Magna.
Solo un 2,54% se había desplazado a mediodía, según las primeras cifras oficiales, en un plebiscito donde la gran incógnita es la participación: para que la consulta sea válida deben votar, al menos, el 30% de los inscritos.
Desde un punto de vista legal, nada cambiará tras la consulta, pues la legislación rumana no autoriza ni el matrimonio entre personas del mismo sexo ni tampoco la unión civil. Los opositores critican un voto cuyo efecto fue dejar vía libre a los discursos homófobos y cuyo desafío sería hacer olvidar los deberes de la izquierda en el poder.
Los responsables políticos en el poder fueron los primeros en acudir a las urnas, como la jefa del gobierno socialdemócrata, Viorica Dancila, o el poderoso líder de los socialdemócratas, Liviu Dragnea.
“Llegó el momento de decidir nosotros mismos cómo queremos vivir en nuestro país”, declaró Dragnea, quien aseguró que no se trataba “de un voto contra una minoría”.
Valores y homofobia
Tras una campaña en la que se exaltaron los valores de la familia, plagada de discursos homófobos, el PSD espera movilizar a la Rumania rural y conservadora, núcleo de su electorado.
El partido, que regresó al poder a finales del 2016, atraviesa un momento delicado por las acusaciones de querer debilitar la lucha contra la corrupción y de controlar la Justicia.
Los resultados del referendo, celebrado en dos días para que participe el mayor número de personas, se conocerán el lunes, el mismo día cuando Liviu Dragnea debe comparecer ante la Justicia por su proceso de apelación en el caso de empleos ficticios que le costó tres años y medio de prisión en primera instancia.
"Participar en el voto es un derecho, un honor y una bendición", afirmó el sábado Daniel, el patriarca de la poderosa Iglesia ortodoxa.
“No tenemos nada en contra de las minorías o en contra de los homosexuales, ya que no somos racistas; al contrario, somos un pueblo caluroso y pacífico”, aseguró Viorel Zburau, un agente inmobiliario a favor del cambio en la Constitución.
Los opositores al voto instaron al boicot, ya que la victoria del sí estaría asegurada y podría alcanzar el 90% de los votos y una participación del 34%, según un sondeo del Instituto CURS publicado el viernes.
“No votamos sobre el amor. El gobierno haría mejor en utilizar este dinero para construir hospitales”, opinó el sábado Mihai, de 28 años, dependiente en un supermercado, escéptico sobre este voto, como muchos otros rumanos.
La consulta popular nace de una “iniciativa ciudadana” próxima a la Iglesia, que presentó tres millones de firmas para llevarlo a cabo y defender “la familia tradicional”.
Una prohibición explícita complicaría todavía más, o incluso imposibilitaría, cualquier cambio futuro de la ley en favor de las parejas homosexuales, según los adversarios a la consulta. Temen que esto permita lanzar otras iniciativas que cuestionen el aborto o la educación sexual.
El referendo provocó vivas críticas desde las instituciones europeas, que recordaron a Bucarest sus compromisos en materia de derechos humanos.
“No quiero que los valores de la familia sean transformados en argumentos para [...] alimentar los demonios más negros, el odio contra las minorías sexuales”, declaró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
Según el sociólogo Marius Pieleanu, del Instituto Avangarde, este tipo de advertencias procedentes del extranjero podrían acabar teniendo el efecto contrario, dado que los discursos soberanistas y críticos con Europa están ganando terreno en Rumanía.
“Una parte de los indecisos podrían movilizarse justamente a causa de esta actitud, que perciben como hostil hacia Rumanía”, señaló.
“En una democracia, los derechos de las minorías no se someten a votación, en eso reside la diferencia entre la Edad Media y el siglo XXI”, alertó la ONG rumana de defensa de derechos Centro de Recursos Jurídicos (CRJ).
