EscucharTegucigalpa. Un tribunal hondureño suspendió este viernes por tercera vez el inicio del juicio por el asesinato de la ambientalista, Berta Cáceres, al presentarse una nueva recusación contra los tres jueces que integran el tribunal, informaron fuentes oficiales.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Coinh), fue asesinada en la media noche del 2 de marzo de 2016, luego de impedir con manifestaciones la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque (oeste).
Los ocho acusados por el crimen llegaron bajo custodia policial a la sala, donde estaban instalados los acusadores de la fiscalía y los abogados defensores de los imputados, pero la presidenta del tribunal, Ester Flores, anunció que la audiencia quedaba suspendida.
“Los acusadores privados (familia de Cáceres y Coinh) han interpuesto (...) un recurso de amparo” y, por lo tanto, “no se puede dar inicio al juicio oral y público”, dijo la funcionaria.
Explicó que la sala competente se pronunciará próximamente si admite o rechaza el recurso, presentado este mismo viernes por la familia de la ambientalista.
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La representación de la fiscalía intervino para solicitar que se declarara en “abandono” a la parte acusadora privada por haber desacatado la convocatoria.
También intervinieron defensores de los ochos imputados para solicitar al tribunal que abriera el juicio porque era la tercera vez que los abogados de la víctima cuestionaban al tribunal.
El juicio fue suspendido por primera vez el 17 de septiembre pasado y por segunda ocasión el 15 de octubre. En ambas oportunidades debido a que los abogados de la familia de Cáceres recusaron a los tres jueces de la sala.
Jair López, abogado del acusado Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos (DESA), dijo a la AFP que el tribunal debería empezar el juicio lo antes posible para poder alcanzar “una justicia pronta, efectiva y en un plazo razonable”.
Los abogados de la víctima recusaron a los miembros del tribunal porque han rechazado sus peticiones de que el ministerio público aporte todas las pruebas que tiene contra los acusados. Ellos suponen que el MP se guarda una parte de las evidencias para favorecer a ejecutivos y a grandes empresarios socios de DESA.
Además de Rodríguez, están acusados el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo y otros empleados de seguridad de esa empresa por el asesinato de la ambientalista, de 44 años.
El juicio de Castillo se lleva por separado debido a que fue capturado posteriormente.
Antes del asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a Cáceres, luego de que la ecologista recibió varias amenazas de personal de DESA.
