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Madrid. La Fiscalía española solicitó este viernes penas de hasta 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes que deben ser juzgados por el intento de secesión, confirmando su acusación por rebelión.
El juicio debe empezar a principios del 2019, más de un año después de que los líderes catalanes intentaron separarse de España, en octubre del 2017, organizando un referendo ilegal de autodeterminación y proclamando infructuosamente una república independiente.
En él no estará Carles Puigdemont, el entonces presidente del Gobierno regional, que se encuentra exiliado en Bélgica y quedó fuera de la causa porque la Justicia española no juzga en ausencia.
En sus conclusiones preliminares, la Fiscalía general solicita entre siete y 25 años de cárcel para 12 dirigentes independentistas acusados de rebelión, malversación o desobediencia grave.
Según este escrito, el Gobierno y el Parlamento catalanes, en colaboración con las asociaciones independentistas, desplegaron un “plan orquestado” para “declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio”.
Al frente de esta rebelión, la Fiscalía señala al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado hace justo un año, para quien reclama 25 años de cárcel.
También otorga un papel dirigente a la expresidenta del Parlamento autónomo Carme Forcadell y a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para quienes reclama 17 años.
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Asímismo, solicita 16 años para cinco exconsejeros del gobierno actualmente encarcelados por rebelión, 7 años para otros tres acusados únicamente por malversación, y multas económicas para seis parlamentarios acusados de desobediencia.
“¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los más de 2 millones de personas que quieren una república catalana?”, manifestó el presidente regional, Quim Torra.
Su antecesor, Carles Puigdemont, acusó al Estado español de buscar “venganza” contra el independentismo y lanzó un llamado a Europa para que no sea “cómplice, con su silencio, de este abuso”.
Después de organizar un referéndum de autodeterminación prohibido el 1 de octubre de 2017, los separatistas catalanes proclamaron el 27 de ese mes una efímera república independiente.
El gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, abortó la secesión destituyendo al gobierno de Puigdemont, disolviendo el Parlamento y tomando el control de esta región de 7,5 millones de habitantes.
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Días después, con Puigdemont y parte de su gobierno instalados en Bélgica, la Justicia encarceló preventivamente a varios dirigentes acusados por rebelión.
‘Plan secesionista’
Según la Fiscalía, “el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”.
Así, evoca la "fuerza intimidatoria" que representan las grandes manifestaciones independentistas de los últimos años o el control directo sobre los 17.000 agentes del cuerpo regional de policía, para cuyos dirigentes reclama entre cuatro y once años de cárcel en una causa separada.
Pero el uso de violencia, que justifica el delito de rebelión definido en el código penal como un alzamiento "público y violento", es rechazado por los independentistas y discutido por destacados juristas españoles.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras, por rebelión, mientras que Abogacía del Estado pide 12 años, por sedición | Informa @CristinaBlach pic.twitter.com/OZ3tbq3s71
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 2, 2018
“Se inventan un relato inexistente. No hay armas ni explosivos, a no ser que consideren las urnas como armas de destrucción masiva”, dijo a la televisión catalana TV3 Francesc Homs, expolítico independentista y coordinador de las defensas.
La abogacía del Estado, que representa al gobierno español del socialista Pedro Sánchez, sustituyó el debate de rebelión por el de sedición, que no implica violencia, y solicitó penas sensiblemente inferiores para los procesados, de siete a 12 años.
La maniobra no convenció a los separatistas –Torra lo llamó “cómplice de la represión”– e indignó a la oposición conservadora, cuyo líder Pablo Casado lo acusó de ser “rehén” de los independentistas, de quienes depende su estabilidad parlamentaria.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, argumentó que existe “un debate jurídico (...) incluso un debate social sobre qué ocurrió en Cataluña” el pasado otoño y aseguró que su posición no es un “gesto político” sino que obedece a criterios jurídicos.
