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Lima. La Corte Suprema peruana anuló el miércoles el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori en diciembre y ordenó su captura para que cumpla una sentencia de 25 años por el asesinato de decenas de peruanos durante su gobierno en la década de 1990.
En una resolución publicada en el sitio de Internet del Poder Judicial, el juez supremo Hugo Núñez declaró inaplicable el indulto otorgado en vísperas de la Navidad por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
También pidió que Fujimori sea capturado y “reingresado al establecimiento penitenciario”. El exmandatario de 80 años cumplía su condena en una cárcel en el este de Lima desde el 2007 cuando fue extraditado desde Chile.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez, dijo a la televisora local N que su representado se entregará. Según el médico de Fujimori, Alejandro Aguinaga, el exgobernante se encuentra en una casa de una zona residencial de Lima donde vivía después de ser excarcelado.
Adelantó que la decisión judicial es “apelable porque este es un pedido que se hace en una primera instancia”.
Por su lado, la hija mayor del exmandatario, Keiko Fujimori, calificó como “inhumana” la decisión de la Justicia. “Esta decisión es inhumana, es injusta”, alegó llorando ante los periodistas, tras suspender una gira proselitista al interior del país al conocer el pronunciamiento.
Es “extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que como no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario”, agregó.
Keiko –cuyo grupo político domina el Parlamento unicameral– formuló un llamado a sus enemigos políticos: “Les digo: ya basta, pongan un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento”.
La vocera del partido Fuerza Popular (fujimorista), Úrsula Letona, culpó al gobierno del mandatario Martín Vizcarra por la decisión de la anulación del indulto. “Es una clara intromisión de lo que pasa en el Poder Judicial”, aseveró.
Indulto controversial
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado en junio a la Justicia peruana verificar si el indulto era legal de acuerdo con las leyes internas e internacionales a las que Perú está suscrito y le dio un plazo hasta fines de octubre.
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Los abogados de las víctimas del pasado gobierno de Fujimori habían argumentado que la liberación no era posible porque los delitos por los que fue condenado son considerados crímenes de lesa humanidad por la legislación internacional. Denunciaron, además, que la excarcelación era un “pacto político para lograr impunidad” entre Kuczynski y un grupo parlamentario ligado al hijo menor de Fujimori en momentos en que Kuczynski tenía un gobierno debilitado y enormes presiones de la oposición parlamentaria.
La administración de Kuczynski justificó el indulto a Fujimori porque supuestamente padecía de “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, aunque no brindó pruebas de ello.
De vuelta a la cárcel, Fujimori seguirá enfrentando, además, otro nuevo juicio por el asesinato de seis peruanos realizado por un grupo de militares que fue el mismo que ejecutó extrajudicialmente a las 25 víctimas por las que había sido condenado en el 2009.
Las víctimas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas entre 1991 y 1992 en medio de la guerra sucia con la que una parte de las fuerzas de seguridad respondió a los ataques del grupo terrorista Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno en Perú.
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Kuczynski renunció en marzo presionado por la oposición parlamentaria por supuestas acusaciones de corrupción. Lo reemplazó Martín Vizcarra, quien era vicepresidente.
Fujimori gobernó Perú durante una década desde 1990 y a fines de 2000 huyó a Japón acosado por escándalos de corrupción. El Parlamento lo retiró del cargo por “ incapacidad moral ” .
