Brasilia. El próximo presidente de Brasil deberá lidiar con un Congreso tan pulverizado como el desprestigiado legislativo actual y hacer alianzas con todo tipo de clanes políticos para gobernar, pese a la operación anticorrupción Lava Jato que pretendió desterrar los vicios de la “vieja política”, opinan analistas.

“La gran mayoría de los parlamentarios que son candidatos a la reelección serán reelectos”, aseguró Sylvio Costa, fundador del sitio periodístico especializado Congresso em Foco.

“Y muchos de los nuevos serán personas ligadas a clanes familiares o grupos tradicionales, algo muy brasileño”, agregó Costa, quien estima que un tercio de los 513 diputados y más de la mitad de los 81 senadores actuales están investigados o acusados por acciones penales.

El Congreso estará, además, igual de pulverizado, con cerca de 30 partidos, y sus principales fuerzas volverán a ser con toda probabilidad las tres que han dominado la vida política en el último cuarto de siglo: el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), del encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva; el MDB del presidente conservador Michel Temer; y el PSDB (centroderecha) del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Pero esos partidos nunca consiguieron, en 33 años de democracia, tener una mayoría absoluta, lo cual dio origen a un “presidencialismo de coalición”, en el que el mandatario necesita formar alianzas variopintas a cambio de favores, como asignación de recursos y nombramientos a cargos en el Ejecutivo.

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Esa dinámica, que en el 2005 derivó en el escándalo del mensalao (una millonaria contabilidad ilegal del PT para comprar el apoyo de congresistas), “no a va a cambiar y es el corazón del problema”, explicó el politólogo Matías Spektor.

Derrota frente a corrupción

Los fiscales de la Operación Lava Jato, que en rl 2014 descubrió un enorme sistema de sobornos pagados por constructoras a políticos y partidos para obtener contratos en Petrobras, habían llamado a sancionar electoralmente a los implicados en los escándalos.

“2018 será la batalla final de Lava Jato, porque las elecciones del 2018 determinarán el futuro de la lucha contra la corrupción en nuestro país”, afirmó en noviembre del 2017 el fiscal Deltan Dallagnol, de Curitiba (sur).

Una batalla, al parecer, perdida desde ese punto de vista.

Y que no avanzó mucho en el área judicial, porque prácticamente ninguno de los políticos con fueros (legisladores y ministros) han sido condenados por la corte suprema.

Algunos de esos casos, sin embargo, pueden ser tratados desde mayo por la Justicia ordinaria, que suele obrar de manera más acelerada. “Antes, en Brasil, el riesgo de una condena judicial (para políticos del Congreso) era bajísimo. Hoy aumentó mucho”, admitió Costa.

Fuerza en el Congreso

Las alianzas serán claves en una legislatura que requerirá de mucha cintura para reunir los apoyos necesarios y aprobar, por ejemplo, la reforma de las jubilaciones, considerada por la mayoría de los candidatos como clave para enderezar las deficitarias cuentas públicas.

El candidato con más intención de voto para la primera vuelta del 7 de octubre, el ultraderechista Jair Bolsonaro, es del Partido Social Liberal (PSL), que cuenta con apenas ocho diputados y que difícilmente podrá obtener más del doble en octubre.

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Su probable contrincante en segunda vuelta, Fernando Haddad, sucesor de Lula en el PT, tendría que lidiar con el fuerte ‘antipetismo’ del Congreso, que en el 2016 destituyó a la expresidenta Dilma Rousseff.

El politólogo Thiago Vidal augura una “legislatura perturbada”, quienquiera sea el presidente electo.

Hay quien ve en Brasilia, la utópica capital levantada de la nada hace casi seis décadas en el centro de Brasil, un símbolo de la lejanía de la élite con el ciudadano de a pie.

Su icónico Congreso -dos altas torres flanqueadas por dos enormes semiesferas blancas, una hacia arriba (el Senado) y otra hacia abajo (la Cámara de Diputados)- se ha convertido desde hace años en una de las instituciones en la que menos confían los brasileños.

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“El mayor problema es probablemente el de la representación”, expresó Costa, de Congresso em Foco.

En Brasil, algo más del 50% de la población son mujeres y un 54% negros y mestizos, pero en el Congreso ellas soplo ocupan el 10% de los escaños y los negros y mestizos no llegan al 20%, recordó.

El sistema brasileño acaba escogiendo a “personas de un circuito muy restringido de la nación, en general, personas ricas y blancas”, lamenta.